ELA rescata la transferencia de empleo como argumento para criticar a López

El sindicato mayoritario ELA recuperó ayer el debate de la transferencia de las políticas activas del empleo, que ha quedado aplazada hasta septiembre, como argumento para descalificar al lehendakari, Patxi López, y presentarle como un mal negociador que va a cometer "un fraude al Estatuto".

El responsable del Area Social de la central nacionalista, Mikel Noval, quien compareció ayer en Bilbao junto a la responsable de su Gabinete de Estudios, Janire Domínguez, criticó al Ejecutivo por su "sumisión" a las políticas estatales al hacer una reclamación "parcial" de la transferencia. Con ello aludía a la renuncia del Gobierno a exigir las cuotas de la Seguridad Social. El sindicato sólo entiende el traspaso si llegan de la mano las políticas activas -los programas y las medidas de formación- y las pasivas -las prestaciones por desempleo-, así como las bonificaciones fiscales a la contratación. El Tribunal Constitucional ha concluido varias veces que ello supone fracturar la caja única de la Seguridad Social.

"Una decisión muy grave"

Para ELA, que contra todo pronóstico ha firmado este año el convenio del sector público, la decisión de no reclamar esta última parte, es decir, las cuotas de la Seguridad Social supone "una decisión política muy grave", porque implica reconocer que la transferencia "ni va a ser completa ni va a contar con los recursos económicos adecuados".

ELA, que ha abandonado todos los órganos autonómicos de diálogo social, se muestra convencida de que detrás de esta decisión se encuentra el acuerdo PSE-PP, que tiene por objetivo la "uniformización" con España y que hace del Ejecutivo vasco una "mera sucursal del Gobierno español".

El argumento es el mismo que ya utilizó el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, el pasado domingo durante la celebración por su partido del Aberri Eguna, que le sirvió para reclamar la unidad de todos los abertzales frente al Gobierno socialista.

Noval también criticó la actitud de la patronal vasca Confebask y de los sindicatos UGT y CC OO. Ambos son, en su opinión, "aliados" del Gobierno en este asunto y han "recibido mucho dinero público para financiarse a través de la gestión de las políticas de formación, salud laboral o intermediación en el mercado de trabajo".

Finalmente, la central mayoritaria reiteró su "exigencia y derecho, hasta ahora negados sistemáticamente por el Gobierno vasco", de recibir información y, "como organización sindical mayoritaria", ser consultada sobre los acuerdos para la transferencia.