Una juez investiga la venta de solares a la baja en Estepona

Poco a poco, los juzgados tratan de desentrañar la forma en la que el endeudado Ayuntamiento de Estepona (Málaga), centro del caso Astapa de corrupción municipal, se ha quedado sin dinero ni propiedades.

La penúltima causa estudia una venta de parcelas municipales por la que el Ayuntamiento esteponero supuestamente habría dejado de ingresar 6,4 millones de euros. La cifra podría aumentar conforme avance la instrucción, ya que la juez Isabel Conejo, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, ha recibido informes de otras operaciones que elevan las pérdidas a 17,3 millones.

Las primeras diligencias han acarreado la citación como imputados del ex tesorero municipal Félix Domínguez Pimienta, el abogado Francisco González Valdés y la edil Rosa Díaz, miembro del actual equipo de gobierno de David Valadez (PSOE). La imputación de la concejal del partido Estepona 2007, y alcaldesa con el PP en 2002, supone un nuevo sobresalto y desequilibrio en el ya inestable equipo de gobierno esteponero, una coalición multipartita en minoría presidida por Valadez que no gana para sorpresas judiciales.Las operaciones investigadas por el juzgado número 5 de Estepona (Málaga) se detallan en un informe que el liquidador de las sociedades municipales José Manuel de Hoyos presentó a la empresa afectada el 21 de enero de 2004. El documento recoge la venta de cinco parcelas urbanizables -que suman 27.508 metros cuadrados- a través de Servicios Estepona XXI, S. L., en proceso de liquidación, y que fueron transferidas por el Ayuntamiento esteponero antes de ofertarlas.

El ex tesorero municipal niega tener que ver con las valoraciones

La edil Rosa Díaz, en el equipo de gobierno, dijo sentirse "tranquila"

En 2002, año en el que se produjeron las ventas, el antiguo tesorero municipal, hoy jubilado, y el abogado Francisco González Valdés eran liquidadores de la sociedad municipal Servicios Estepona XXI, S. L., mientras que la edil Rosa Díaz era alcaldesa del municipio con el PP y tenía como socios de gobierno a ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL). La concejal, de vacaciones estos días en Marruecos, asegura que todavía no ha recibido citación alguna, pero que está "tranquila", señalan fuentes municipales.

Los solares se publicitaron el 9 de agosto de 2002 en un periódico deportivo y se interesaron por ellos tres empresas en las que se repetía el administrador. Finalmente, las parcelas, situadas en el Camino de la Resinera, fueron adquiridas por 4,1 millones. Según la valoración del arquitecto Germán José García Zumaquero, encargada por el liquidador, su precio de mercado aquel año era de 10,5 millones, más del doble.

El autor del informe declaró hace varios meses como testigo ante la juez. "Me ratifiqué en todo lo que contenía y le facilité la documentación de tres casos más", aseguraba ayer De Hoyos. En total, las operaciones por terrenos detectadas acarrearon una pérdida de 9 millones y aquellas en la que lo que se vendía eran aprovechamientos urbanísticos 8,3 millones.

Estas grandes diferencias hicieron que De Hoyos, que en el momento de la venta no ejercía como liquidador de las sociedades, solicitara un informe jurídico al abogado Guillermo Álvarez Rato en el que se destaca que las transacciones "no se ajustan a derecho".

El antiguo tesorero, Félix Domínguez Pimienta, mostró ayer su "alegría" de que "por fin se aclare el tema en los juzgados". Atribuyó la denuncia a su enemistad con el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, imputado en el caso Astapa, y con Juan Manuel De Hoyos el liquidador municipal que le sustituyó. "Nosotros -Francisco González Valdés y Félix Domínguez Pimienta- no tenemos nada que ver con las valoraciones de los terrenos", dijo.

Juan Manuel De Hoyos informó de las operaciones irregulares el 14 de diciembre de 2006 al entonces alcalde Barrientos, que una semana después las puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que se inhibió del caso y lo envío a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga. La denuncia estuvo parada durante años en la Fiscalía malagueña y no se reactivó hasta mediados de 2009, después de que Guillermo Álvarez Rato, abogado que trabaja con De Hoyos, se reuniera con el fiscal jefe de Málaga y volviera a poner las operaciones sobre la mesa. De Hoyos niega tener nada que ver en la recuperación de su escrito: "Fue la Fiscalía quien lo rescató de oficio y lo llevó al juzgado", mantiene. En octubre de 2009 De Hoyos acudió a declarar como testigo ante la juez Conejo en las diligencias previas 1419/2009.

El abogado Álvarez Rato aconsejó en su día al Ayuntamiento ejercer acciones penales contra los anteriores liquidadores y los compradores; que se declararan nulas las ventas y reclamar los daños y perjuicios causados.

El equipo de gobierno recibió los informes a finales de 2008 y se comprometió a estudiarlos. El asunto no ha prescrito, según De Hoyos, por lo que el dinero podría volver a las arcas esteponeras. La deuda municipal supera los 160 millones de euros.