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La Xunta retrasa la sanción a la constructora de Telmo Martín

Medio Ambiente solicita nuevas pruebas que pueden cambiar el expediente

La ley obligó al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, a reabrir el expediente a Construcuatro por el cobro de sobreprecios en viviendas protegidas en Vigo, pero la sanción está lejos de hacerse efectiva. Según los anteriores responsables de la Consellería de Vivenda, que abrió el proceso administrativo contra la promotora del líder del PP de Pontevedra, Telmo Martín, las diligencias se habían agotado y la sanción estaba lista para su ejecución. Construcuatro tendría que pagar una multa de un millón de euros, devolver las comisiones ilegales y quedar inhabilitada para edificar vivienda protegida durante seis años. Pero no será así de momento.

El Gobierno bipartito suspendió el expediente a Construcuatro en abril de 2008, tras la apertura por un juzgado de Vigo de actuaciones judiciales, incompatibles legalmente con las administrativas. Una vez archivada la causa penal -en la que se corroboró el pago de sobreprecios, aunque no se demostró la concurrencia de delitos-, la Xunta levantó la suspensión. Ahora bien, el departamento que dirige Agustín Hernández, amigo personal de Telmo Martín, ha decidido solicitar nuevas pruebas, que retrasarán e incluso podrían modificar los resultados del expediente.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo determinó antes del cambio de Gobierno en Galicia la existencia de infracción, consistente en la percepción de sobreprecios en un edificio de la urbanización viguesa de Navia, tipificada como muy grave en la Lei de Vivenda de Galicia. Según los anteriores responsables de la consellería, sólo restaba comunicárselo a los afectados y ejecutar la sanción.

La hoja de ruta de Medio Ambiente es otra. De momento, solicitará al juzgado el informe pericial emitido por el inspector de Hacienda, así como los documentos de contabilidad de la empresa, en los que se recogen los sobreprecios. Además, volverá a remitir el acuerdo de incoación del expediente, que se remonta a octubre de 2007, a 11 de los 87 propietarios compradores afectados, de los que no cuenta con acuse de recibo. Esta decisión supone la apertura de otro período de 15 días para la aportación de documentación, pero sobre todo abre la posibilidad de que se presenten nuevas pruebas, y por lo tanto se revise la existencia de la infracción.

Pero no se terminan ahí las pruebas adicionales que la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende el IGVS, quiere estudiar, a pesar de que el cobro de "sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa o arrendamiento en las viviendas de protección oficial" está tipificada en la ley como la más grave de las posibles infracciones. Después de la aportación de documentos por los 11 afectados que restan por hacerlo, la Xunta "abrirá período de prueba", en el que incluirá las declaraciones realizadas por Construcuatro en el curso de las acciones judiciales. La consellería incorporará como prueba "todo el documento contenido en las actuaciones judiciales que, si es el caso, acredite el presunto pago de sobreprecios".

Sólo después de examinar toda esta documentación, procederá Medio Ambiente a redactar la propuesta de resolución. Según los anteriores responsables de la Consellería de Vivenda, se trata de diligencias innecesarias que demorarán e incluso modificarán la tipificación de la infracción, con el objetivo de evitar la sanción a Construcuatro. La empresa, de la que Telmo Martín posee el 33%, cobró sobreprecios al menos a 32 compradores, que pagaron hasta 33.000 euros más para no perder los pisos protegidos. Según el informe policial que encargó el juzgado, el dinero lo repartía la empresa con un intermediario.

A la espera de disculpas

Tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial, las dos sentencias sobre el caso Construcuatro dan por probada la existencia de sobreprecios. La resolución considera que no hubo "coacción de relevancia penal", por lo que absolvió a los imputados. Lo justificó así; "Todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve período de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las viviendas a ese precio, tal y como estaba el mercado". De no acceder a pagar el sobreprecio, los afectados se quedaban sin las viviendas protegidas, lo que no impide a la sala que juzgó el caso destacar la inexistencia de "cualquier tipo de fuerza o intimidación".

Telmo Martín se sintió reforzado por la sentencia. "Espero que aquellas personas que con un interés político intentaron difamarme, manchar mi nombre, ahora reconozcan que yo no cometí ningún delito: que lo digan", retó el dirigente del PP. Lejos de recibir disculpas, deberá afrontar el expediente administrativo, aunque demorado. La sentencia de la Audiencia Provincial constató que los sobreprecios, acordados como "mejoras" no efectuadas, no figuraban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa, pero sí en los libros de contabilidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de marzo de 2010

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