Chamizo pide a la Junta que agilice el pago del salario social

Los problemas de ciudadanos azotados por la crisis económica acaparan buena parte de las quejas recibidas en 2009 por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Ya ocurrió en 2008, aunque la tendencia aumentó en los últimos 12 meses hasta convertir el 2009 en el año récord de esta institución en cuanto a número de quejas recibidas, 6.245, según recoge el informe anual que Chamizo entregó ayer a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves.

Como ya hiciera el año pasado, Chamizo pidió que se agilice el trámite para la concesión del salario social, dirigido a personas en riesgo de exclusión. El defensor reclamó que el plazo para que los solicitantes reciban esta ayuda (de 368,88 euros al mes durante seis meses) se reduzca de los seis meses actuales a dos "como máximo". Chamizo pidió también que el Gobierno andaluz apruebe "de una vez por todas" la Ley de Inclusión Social.

Entre los aspectos "especialmente preocupantes" que revela el informe, el defensor señaló el aumento de los desahucios por impago del alquiler o de la hipoteca. Según detalló Chamizo, su oficina ha actuado de intermediario entre los bancos y una treintena de familias con dificultades para pagar su vivienda y que estaban amenazadas de desahucio.

Pero no sólo las familias se dirigen al defensor buscando ayuda, hasta su oficina llegaron el año pasado centenares de quejas de ayuntamientos que no podían pagar los gastos de sus servicios sociales, así como de ONG y entidades sociales relacionadas con la discapacidad o la inmigración con dificultades para mantener sus programas debido a los "importantes recortes" en las subvenciones públicas.

El informe del defensor vuelve a llamar la atención sobre los problemas de la sanidad en las cárceles, sobre todo por la pérdida de citas médicas de los presos enfermos, lo que puede suponer, según Chamizo, que se esté "vulnerando su derecho a la salud".