Los urbanistas quieren un pacto político para la LUV

La reforma de la legislación urbanística valenciana no puede regirse por el movimiento pendular, que va de un extremo al otro. Y tampoco puede aprobarse sin el "deseable consenso político y social", recoge el texto de alegaciones elaboradas por la Agrupación de Urbanistas del Colegio de Arquitectos y enviadas a la Consejería de Medio Ambiente el pasado lunes, 22 de marzo, último día de plazo.

Los urbanistas han remitido a la consejería de Juan Cotino un documento donde solicitan una regulación ex novo, tanto de las leyes como de los reglamentos afectados. El Consell adelantó hace unas semanas una simplificación del cuerpo legislativo aprobado sólo cinco años antes por el entonces consejero Rafael Blasco. El colectivo de arquitectos cree que la maraña legislativa afecta también a la ley del Paisaje, que se ha excluido de la reforma "pese a la complejidad y desproporción" de su reglamento. Debe quedar incluida en el proceso de simplificación.

El nuevo texto legislativo, que afecta a la Ley Urbanística Valenciana (LUV), a la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) y a la Ley del Suelo No Urbanizable, debe redactarse en coordinación con la Estrategia Territorial Valenciana, plan paraguas que debe ordenar urbanísticamente el territorio y los planes de actuación territorial -litoral, huerta, etcétera-. Tanto uno como la mayoría de los otros están todavía en fase de redacción. Si el borrador legislativo sometido a consultas, concede el poder reclasificatorio de suelo sólo a los planes generales de ordenación urbana, los urbanistas piden que esta competencia se extienda a la Estrategia Territorial y a los planes de acción.

Otro de los aspectos irrenunciables para este colectivo es agilizar la tramitación de los planes y, sobre todo, de la falta de obligación de las administraciones públicas a cumplir plazos determinados en la emisión de informes, "lo que convierte las tramitaciones urbanísticas en unos procesos sin final acotado".

Más sector privado

La nueva ley debería de afectar a los planes que estén aprobados de forma provisional y no a los planes que hayan salido a información pública, que es un trámite anterior a la aprobación. La iniciativa privada no es el enemigo del urbanismo, pese a la experiencia pasada. Este colectivo insiste en que una vez deslindadas las competencias entre el planificador, de carácter público, y el gestor de los planes, privado, estos últimos deben ganar más protagonismo. "No será posible la agilización de la actividad urbanística si se deja a la iniciativa privada un papel marginal en la ejecución del planeamiento", añaden. Los urbanistas reivindican la recuperación del convenio, un instrumento muy desprestigiado durante el último boom inmobiliario.

Por último, este colectivo pide a la Generalitat que establezca las pautas generales de ordenación territorial y no se inmiscuya en las competencias municipales. Los programas de actuación integrada, que el borrador propone que caduquen si no se ejecutan un tiempo después de aprobarse la reforma legal, es una buena medida, si bien los arquitectos-urbanistas sugieren que no se extinga también el planeamiento. Piden medidas que incentiven la rehabilitación.