Los corsés de Sánchez Galán en la junta

El próximo viernes, en Bilbao, se librará una intensa batalla mercantil. Ese día se celebra la junta general de accionistas de Iberdrola, que tiene su sede social en la capital vizcaína, y los responsables del grupo ACS tienen previsto exigir el cumplimiento de sus derechos, entre ellos su presencia en el Consejo de Administración de la eléctrica, de acuerdo con la participación del 12% que posee.

Las huestes de Ignacio Sánchez Galán y Florentino Pérez se verán las caras en la junta. El campo de torneos está preparado concienzudamente, y los alfiles jurídicos tienen las armas afiladas. La pelea también implica a otros actores, cuya presencia puede ser determinante, dependiendo con quien se alíen. Por orden de importancia, son: BBK (7,5%), Bancaja (6%) y Unicaja (2%), cuyos presidentes (Mario Fernández, José Luis Olivas y Braulio Medel) se sientan en la mesa redonda del consejo presidido por Sánchez Galán y pueden romper la hasta ahora férrea unidad de voto.

Todo proviene del rechazo frontal por parte del aguerrido ejecutivo salmantino a que ACS entre en el sanctasanctórum de la empresa. En un principio, cuando ACS comenzó a adquirir acciones de Iberdrola, la oposición de Sánchez Galán estaba justificada, ya que el grupo constructor que preside Pérez participaba en Unión Fenosa, en la que llegó a tener el 45%. Y no es posible que un mismo inversor esté en el órgano de control de dos competidoras.

Sin embargo, las cosas cambiaron cuando ACS vendió su participación en Unión Fenosa a Gas Natural y limitó su presencia en el sector eléctrico a Iberdrola. ACS solicitó sentarse en el máximo órgano de administración de la eléctrica, pero sin éxito. Sánchez Galán alegó que no había vacantes y se amparó en el apoyo que le había dado la junta de accionistas. Ahora que hay que renovar el Consejo aduce que ACS cuenta con inversiones en energía eólica y termosolar, lo que, a su juicio, supone un conflicto de intereses. ACS mantiene que esa participación no interfiere, entre otras cosas porque no es clave en su cifra de negocio, como ocurría con la de Unión Fenosa, que controlaba y sí tenía incidencia.

De ser así, el mismo argumento habría que esgrimir para que Juan Luis Arregui, vicepresidente de Iberdrola, saliera del consejo, ya que ENCE, empresa que preside, ha anunciado un ambicioso plan de inversión en energías renovables, en concreto en biomasa. Y se da la circunstancia de que Iberdrola Renovables está presente en ese segmento del mercado con una planta en Corduente (Guadalajara), junto al parque natural del Alto Tajo. Es decir, según esa teoría, es competidor.

Para más inri, la BBK es uno de los principales accionistas de Eolia Renovables, también competidor de Iberdrola. Asimismo, Renomar, empresa de energías renovables, está participada por una filial del Banco de Valencia, cuyo presidente es José Luis Olivas, que comparte el cargo con Bancaja. Realmente estas tres coincidencias dejan sin muchos argumentos a Sánchez Galán para rechazar las tesis de ACS.

El presidente de Iberdrola, que recopila delegaciones de voto para hacerse más fuerte en la junta, también se ha tomado como una afrenta la enmienda que presentó el PSOE para suprimir la limitación de los derechos de voto en las empresas, que impide que un inversor pueda votar por más del 10% del capital independientemente de la participación que tenga. Iberdrola tiene esa cláusula, como la tienen otras muchas.

La supresión de esa limitación, impuesta en la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, copia de la alemana, responde al Código de Buen Gobierno de las Empresas y a las normativas europeas que abogan por quitar los blindajes. Sin embargo, los lobbies han estado muy activos. El PNV respalda los postulados de Iberdrola con una transaccional que pide que se haga mediante una OPA con un mínimo del 75% del capital. Mientras, el PP tiende a la abstención y CiU se inclina más al apoyo, lo que daría vía libre a la enmienda.