El Parlamento pide levantar la suspensión de la Lei de Caixas

El Parlamento gallego, como institución, ha mediado en el debate sobre la Lei de Caixas -aprobada en diciembre con los votos de PP y BNG- y que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. La Cámara, a través de un comunicado, anunció ayer el sentido de sus alegaciones ante el alto tribunal y explicó que se personó, "en el marco de sus competencias, pero también en defensa de la capacidad legislativa de la Comunidad Autónoma".

El documento, firmado por la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, fue elaborado por los servicios jurídicos de la institución y "repasa, punto por punto, los argumentos legales que, a su juicio, avala la constitucionalidad de los diez puntos recurridos por el Gobierno central".

El escrito enviado por la Cámara va un poco más allá de la defensa de la norma gallega y pide al Constitucional que "levante la suspensión de la vigencia de los diez puntos de la ley" que son objeto de discusión.La argumentación jurídica del Parlamento se sustenta sobre "la certeza de que la suspensión derivada del recurso lesiona las competencias de la Comunidad Autónoma y causa un prejuicio evidente sobre cualquier estrategia encaminada a la necesaria reorganización del mapa financiero gallego".

Según reza el comunicado, las alegaciones enviadas al Constitucional el pasado viernes, parten del acuerdo alcanzado el 2 de marzo por la Mesa del Parlamento para "defender la ley gallega de cajas una vez examinada la providencia del Tribunal Constitucional por la que se admitió a trámite el recurso promovido por el Gobierno central". En declaraciones a la Cadena SER, Pilar Rojo, garantizó ayer que las alegaciones presentadas por la Cámara cuentan con el aval de la Mesa del Parlamento y de todos sus miembros, incluido el vicepresidente segundo, Ricardo Varela, del PSdeG.

Fuentes de este partido aseguraron ayer a este diario que lo único que pactó la Mesa fue personarse en el contencioso siguiendo una "norma no escrita que ha regido siempre" en el Parlamento pero subrayan que, en el momento de aquella votación, ni siquiera se conocían los argumentos que emplearían la assoría jurídica. "Eso no quiere decir que el PSdeG y Ricardo Varela compartan las alegaciones y mucho menos la interpretación parcial que ha querido trasladar la presidenta Pilar Rojo", censuran.