Impugnaciones en un mapa complejo

Telefónica y Euskaltel tienen el mismo número de instituciones públicas y ayuntamientos de más de 50.000 habitantes en lo que a implantación del servicio de red fija se refiere. Telefónica presta ese servicio en la Diputación de Álava y en los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria, además de en los de Barakaldo, Portugalete, Santurtzi y Rentería.

Frente a esos siete emplazamientos, Euskaltel presta el mismo servicio en otros siete. Sus feudos son el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y la de Guipúzcoa, más el Ayuntamiento donostiarra y los de Getxo, Irún, y Basauri. Empate, aunque sólo sea en el número. En el caso de la telefonía móvil el pastel está algo más repartido al entrar Vodafone por la carencia de Euskaltel de una red propia. La operadora naranja presta ese servicio en cuatro instituciones, como son Gobierno vasco, Diputación de Vizcaya, y ayuntamientos de Getxo y Basauri. Telefónica en cinco: Diputación de Álava, la de Guipúzcoa, y los ayuntamientos de Bilbao, Vitoria y Barakaldo.

Vodafone ha puesto su bandera en otros cinco emplazamientos en telefonía móvil, concretamente en el Ayuntamiento de San Sebastián, en los de Irún Portugalete, Santurtzi y Rentería. En algunos de esos ayuntamientos la adjudicación de los contratos ha sufrido una auténtica judicialización. El de Getxo, adjudicado a Euskaltel, fue recurrido por Telefónica y lo acabó resolviendo el Tribunal Superior de Justicia, que falló a favor de Euskaltel.

El último contrato firmado en enero de 2005 por el Ejecutivo vasco y la empresa que preside Ardanza también fue recurrido por Telefónica, por entender que el pliego de condiciones no ofrecía información suficiente, dejaba un excesivo margen de discrecionalidad y favorecía a Euskaltel. En aquel momento, el Gobierno tenía una participación directa en Euskaltel del 3% del capital social, que posteriormente vendió -se sumaba al 7% adicional que sigue teniendo indirectamente a través de las participaciones de EITB y del EVE- y le daba derecho a disponer de dos miembros en el consejo de administración de la operadora naranja. Uno de ellos era la ex vicelehendakari y consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Idoia Zenarruzabeitia, a cuyo departamento correspondía la concesión del contrato público.

Aunque este extremo no ha podido ser confirmado, fuentes conocedoras de la adjudicación del contrato donostiarra, explican que Telefónica ha estado barajando hasta última hora la impugnación de la adjudicación.