El Consejo Escolar rechaza ser controlado por Educación

La Generalitat ha perdido el pulso con los agentes sociales por el control oficial del Consejo Escolar Valenciano, máximo órgano consultivo. La actual mayoría social -compuesta por representantes de los padres, alumnos, profesores, ayuntamientos, sindicatos y el movimiento de renovación pedagógica- dieron ayer un severo varapalo al proyecto de ley para modificar la estructura y funcionamiento del ente con el objetivo de ceder a la Administración la mayoría, a través de nuevos consejeros sociales nombrados a dedo. El proyecto de ley fue rechazado y devuelto a sus autores -el equipo que dirige Educación, formado por el consejero Alejandro Font de Mora y su número dos Concha Gómez- por 35 votos en contra, 15 a favor (de la Administración, las patronales y los padres de centros religiosos) y cero abstenciones.

Piden al consejero que "recapacite y retire el proyecto", único en el Estado

Pese a que Gómez ha sostenido hasta última hora -y ayer en el pleno lo intentó sin éxito su ponente- que la reforma busca "ampliar la mayoría social", la votación dejó claro que la mayoría de agentes sociales y educativos están en contra de esta "decisión unilateral", subraya Laureà Puig, consejero de la federación de enseñanza de UGT. "La reforma se ha hecho de espaldas a la comunidad educativa, y este ha sido el resultado", puntualiza.

El "pleno de Peñíscola", ciudad castellonense donde se celebró el debate y su ulterior votación, pasará a la historia por la exhibición de fuerzas hecha por los representantes sociales (prácticamente integrados todos en la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic) y los consejeros municipales. Una alianza eficacia que ha sido capaz de tumbar el peso de la Administración en el consejo.

Luis García Trapiello, ponente de CC OO, consideró que la reforma incurre en un "error de concepción" que se ha traducido en el aplastante rechazo del pleno al proyecto. "Si el consejero hubiera preguntado al Consejo, éste hubiera respondido con un dictamen de consenso, como lo ha demostrado en los dictámenes del arreglo escolar, del decreto de Derechos y Deberes o del Observatorio contra el fracaso escolar", advierte Trapiello.

"No nos gusta ganar por votos. El Consejo no debería estar sometido a esta presión, debería ser un órgano de consenso", precisa. "Pero el consejero ha provocado una división más entre los agentes sociales y las patronales, innecesaria para el funcionamiento de la enseñanza".

Para Albert Sansano, ponente del STEPV, "la votación ha puesto de manifiesto los intereses ocultos de la Administración, para hacerse con un control que ahora no tiene, como se ha visto". En su opinión, lo que "busca es acallar las voces críticas, y no lo ha conseguido".

En opinión de los consultados, la reforma ha sido impulsada por la Generalitat para neutralizar a los mismos agentes que se movilizaron el curso pasado contra la ocurrencia del presidente Francisco Camps de consumar el "boicot" del PP al contenido de Educación para la Ciudadanía, traduciéndola al inglés.

Según un informe comparativo de UGT, en ninguna ley de consejos escolares del resto de autonomías figuran 11 puestos nombrados por la Administración, además de los nueve que tiene, lo que convierte al proyecto en único en el Estado.

El consejero, sin embargo, puede desoír al pleno y seguir adelante. Aunque tendrá que pagar el desgaste social. El STEPV confía en que "recapacite y retire la propuesta". De lo contrario, le advierte Sansano, "practicará de nuevo una política autoritaria, contraria a las demandas de la comunidad educativa".