La Cámara hace obligatorio la remisión de un calendario legislativo

La Cámara vasca aprobó ayer por unanimidad una propuesta del PSE-EE para que cada Gobierno quede obligado por ley a presentar al Parlamento un calendario legislativo en cada mandato. El último Ejecutivo de Juan José Ibarretxe no lo hizo en su última legislatura, tras constatar que se convertía para la oposición en un valioso testigo de sus incumplimientos.

El grupo del Gobierno, en una de sus escasas iniciativas que presenta por su condición de tal, alcanzó un acuerdo al respecto con todos los grupos. De este modo, cada nuevo Ejecutivo estará obligado a llevar a la Cámara en los seis primeros meses de su mandato un calendario legislativo, con precisión del periodo de sesiones en que calcule enviar cada proyecto de ley.

Deberá incluir también los planes que el Ejecutivo proyecte aprobar a lo largo de la legislatura. Este último extremo fue aceptado por el PSE para que el acuerdo incluyese también al PNV, que pedía que la obligación se extendiese igualmente a la presentación de un programa de gobierno.

- Decretos de Educación. El Parlamento respaldó al Departamento de Educación por realizar las modificaciones -entre ellas aclarar el uso del término "Euskal Herria"- de los decretos sobre el currículo escolares del anterior Ejecutivo y el debate sobre su contenido en el seno del Consejo Escolar de Euskadi (CEE). La resolución, una enmienda transaccional de PSE y PP, no exige incluir las recomendaciones del Consejo en el currículo, entre ellas ampliar el uso de "Euskal Herria" a otros ámbitos.

- Profesores de Religión. Educación deberá acordar con el ministerio que dirige ángel Gabilondo "lo antes posible" la transferencia de las competencias sobre los docentes de Religión de la red pública en Infantil y Primaria, que perciben un salario menor y cuyas bajas son lentas de tramitar. La resolución, apoyada por PP, PSE y PNV, obligará al departamento a liberar a estos docentes para aprender euskera, ya que hasta ahora no podían.

- Empleadas del hogar. La Cámara instó además al Ejecutivo central a incluir a este colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social, ya que hoy en día se hallan en uno especial, a realizar un estudio sobre su situación y a controlar la actividad de las agencias de colocación. La resolución fue aprobada por unanimidad.