Que pague el Ayuntamiento

La policía judicial ha dado por terminada su investigación del caso Llíber: 300 viviendas ilegales en suelo rústico permitidas por el Ayuntamiento entre 1999 y 2003, cuando el alcalde era el popular José Mas, en prisión junto al ex aparejador municipal en aquel periodo y el máximo cabecilla de la trama, el constructor de Xàbia Miguel Muntaner. La máxima preocupación de los afectados es cuándo se resolverá el asunto. Las víctimas son mayoritariamente pensionistas de origen británico. El Ayuntamiento, gobernado ahora por el socialista Juan Bautista Reus, se propone legalizar la mayor parte de las viviendas a través de planes especiales, lo que según la representante de los afectados, Mónica Mas, acarrearía que los propietarios de las casas tengan que hacer frente al pago de las infraestructuras, "algo que en muchos casos es imposible, porque estamos hablando de pensionistas que cobran 600 euros al mes". Por este motivo, los afectados estudian emprender acciones legales con el fin de que el Consistorio se convierta en responsable civil subsidiario y afronte el pago de las infraestructuras necesarias para la legalización. O presentarse como acusación popular en la causa penal contra el ex alcalde del PP.