Camps deja en evidencia a Rajoy

Una cosa es predicar, y la otra dar trigo. Las propuestas económicas del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, formuladas en el debate monográfico sobre la crisis que tuvo lugar el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados han puesto en un brete al Consell que preside Francisco Camps. Tanto que el PP se opone de plano a celebrar en las Cortes Valencianas un pleno similar al del Congreso y el propio Camps ha rechazado la oferta socialista para consensuar medidas contra una crisis que registra ya 576.000 parados en la Comunidad Valenciana.

Con una deuda que en septiembre del año pasado ascendía a 16.787 millones de euros (2,8 billones de las antiguas pesetas), según el Banco de España y tras haber cerrado 2009 con un gasto que ha superado en 2.000 millones de euros los ingresos, el Consell no quiere ni oír hablar de los techos de gasto y límites de endeudamiento que predica Mariano Rajoy. "¿Qué colegio tendremos que cerrar el mes que viene?", se preguntaba el consejero de Economía, Gerardo Camps, en un acto de partido diseñado para rechazar cualquier recorte del gasto previsto. "El Gobierno quiere responsabilizar a las comunidades autónomas de los recortes sociales", asegura el consejero.

El plan de ahorro anunciado en octubre sigue sin hacerse público

Mariano Rajoy también reclama al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que reduzca en un 25% el número de altos cargos y en 10.000 millones los gastos de funcionamiento. El jefe del Consell y su consejero de Economía anunciaron hace casi cuatro meses un plan de austeridad para 2010, que preveía un ahorro del 5% en los gastos de funcionamiento, una disminución de las subvenciones en programas que no fuesen de gasto social del 35% y la reducción del número de empresas y fundaciones. A fecha de hoy el plan sigue sin presentarse y poco se sabe de los recortes del plan de austeridad anunciado. La culpa, nuevamente, es del Gobierno que, según Camps, todavía no les permite explicarse. Sin embargo, el consejero asegura, sin especificar nada, que ya ha puesto en marcha buena parte de las medidas.

Lo que no se ha tocado es la estructura de altos cargos del Consell. Sus miembros, igual que los del Gobierno, se congelaron el año pasado los sueldos pero los puestos de libre designación lejos de reducirse han aumentado con la decisión de incluir a los conductores de los consejeros y secretarios autonómicos.

La austeridad que pide Rajoy choca, además, en la Comunidad Valenciana con la política de grandes eventos y planes plurianuales elefantiásicos.La evolución de la deuda pública de los valencianos revela que los sucesivos gobiernos del PP al frente de la Generalitat no han sido austeros nunca. Cuando la burbuja inmobiliaria estaba en fase expansiva y generaba lo que Francisco Pérez, director del IVIE, ha calificado como "una sensación de riqueza colectiva", entre 1997 y 2007, la deuda de la Generalitat se multiplicó por tres, desde 3.707 millones en enero de 1997 hasta 11.550 en diciembre de 2007. La deuda de las empresas públicas pasó de 190 a 1.764 millones de euros. Y ha seguido creciendo entre recreaciones de cabalgatas medievales o carreras de fórmula 1.

Con la crisis, el Consell no ha ha invertido la tendencia al alza del endeudamiento. Y ello, pese a que el Ministerio de Economía ya obligó a la Generalitat a cumplir con un plan de estabilidad.

Una de las traducciones de este elevado nivel de deuda es la demora en el pago a los proveedores. El Consell responsabiliza también de este problema al Gobierno por no darle financiación adecuada. Si en la Administración general del Estado los pagos se hacen con retraso medio de 139 días, en la Generalitat las demoras pueden duplicarse y hasta triplicarse. Según distintas organizaciones empresariales la Administración Valenciana llega a pagar con retrasos que pueden llegar a 270, 340 o 380 días, lo que ha colocado en situación dramática a los proveedores.

En este apartado, el Ejecutivo de Francisco Camps tampoco es un buen ejemplo para Mariano Rajoy que exige que se paguen las facturas de la Administración a los 60 días. El presidente nacional del PP considera de tal gravedad el efecto que tienen los retrasos de las distintas Administraciones sobre las empresas que ha solicitado al Gobierno que el segundo plan E de inversión municipal se destine a mitigar la morosidad del Gobierno.

Una medida que Francisco Camps, en caso de hacer caso al presidente de su partido, difícilmente podría ejecutar. De hecho, mientras el primer plan E de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido prácticamente ejecutado -865 millones de euros para los municipios valencianos-, el plan Confianza de inversión productiva en los ayuntamientos -dotado con 1.020 millones de euros- apenas se ejecutó el año pasado. Un retraso que se ha unido a las dificultades financieras del Consell que exige a los municipios que adelanten el dinero de la compra de suelo si es necesaria para realizar el proyecto.

El consejero de Economía reconoce el retraso en este programa pero asegura que la línea de apoyo a los sectores productivos se ejecutó casi en su totalidad. En total, según Camps, el año pasado el Consell gastó cerca de 450 millones de euros en el plan Confianza. Un grado de ejecución que fue muy bajo en lo que respecta a la línea de 360 millones de euros dedicada al fomento de empleo. Otro apartado en el que la gestión del Consell ofrece dudas es el alto nivel de paro, superior a la media española. Rajoy aboga por nuevos modelos de contratación. Gerardo Camps, que tiene la mayoría de competencias en materia de políticas activas de empleo, insiste en la bondad de su gestión. "Ahora estamos por encima, en junio estaremos en la media estatal de paro y a final de año la habremos rebajado", argumenta el responsable de Economía. "Las medidas para combatir el paro ya están tomadas lo único que se puede hacer es intensificarlas", sentencia. Lo cierto es que buena parte de las subvenciones a la contratación tuvieron muy poca demanda.

A las deficiencias de la economía valenciana se suma, además, el deterioro del sistema público en servicios sociales básicos que lastran la salida de la crisis. Escenario que explica el temor del Consell a que las autonomías tengan que ser corresponsables del plan de austeridad que propone el Gobierno.