Camps hace oídos sordos a la exigencia empresarial de acuerdos contra la crisis

El indicador de confianza empresarial que elabora el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana correspondiente al mes de enero revela "la debilidad e incertidumbre que caracterizan el proceso de recuperación de la economía valenciana tras tocar fondo a mediados del año 2009 frente a la ligera mejoría del conjunto de la economía española".

Representantes oficiales de cinco federaciones patronales han reclamado acuerdos políticos en los últimos tres meses para paliar la gravedad de la situación económica que atraviesa la Comunidad Valenciana.

Conrado Hernández, secretario general de UGT, ha recordado que las políticas activas de empleo son competencia exclusiva de la Generalitat y ha sugerido que el presidente Francisco Camps "no está en la realidad".

Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, se ofrece desde hace meses para llegar a un acuerdo político autonómico que genere confianza e impulse la creación de empleo. La última vez, el viernes.

Y la respuesta del Consell, ayer, por boca de Gerardo Camps, vicepresidente económico y consejero de Hacienda, es cargar contra el Gobierno central y rechazar de plano las medidas de austeridad en el gasto público que ha asumido el Estado para cumplir con las exigencias de control del déficit público que impone a España la Comisión Europea.

El Consell ha recortado los impuestos de su competencia en cuantías mínimas pero constantes durante años consecutivos. Pero ayer alzó la voz contra la invitación del Ministerio de Hacienda a asumir su cuota de responsabilidad en el recorte del gasto público. Según el vicepresidente económico, el Gobierno pretende "responsabilizar" a las comunidades autónomas del recorte en gasto social. "El presidente del Gobierno es un peligro para el bienestar social de los valencianos", sentenció Gerardo Camps, glosando la actitud del Consell que preside Francisco Camps hacia todos los problemas y haciendo oídos sordos al clamor de los empresarios por alcanzar acuerdos para capear la crisis con tranquilidad institucional.Varios responsables patronales han alzado la voz en los últimos dos meses y medio ante la inactividad del Consell en materia económica. El primero fue Vicente Lafuente, presidente de Femeval, quien descargó un severo alegato a finales de noviembre en una gala de la federación del metal en Valencia. "Vamos hacia la mayor destrucción de la historia del tejido productivo" de la Comunidad Valenciana, auguró Lafuente. A la crisis financiera internacional y la paralela crisis del sector inmobiliario en la Comunidad Valenciana, el presidente de Femeval añadió: "A esto debemos sumarle un año marcado por un despilfarro generalizado de la Administración; unos ayuntamientos que están asfixiados y sin dotación presupuestaria; un imparable incremento de la deuda pública y unos partidos políticos más centrados en resolver problemas internos que en presentar propuestas eficaces que revitalicen la economía y generen empleo y bienestar".

El veterano Arturo Virosque, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, no pudo evitar un toque de atención al Consell en la gala de la economía valenciana la segunda semana de diciembre cuando exigió "productividad en los servicios, austeridad en el gasto, racionalidad en las inversiones y una mayor atención a las necesidades sociales, sobre todo en estos momentos". Virosque también se ocupó de cargar contra el Gobierno central para concluir con una recomendación general: "Lo que tienen que hacer los políticos es hablar menos y escuchar más lo que decimos los empresarios".

Benjamín Muñoz, secretario general de la Federación de Promotores de la Comunidad Valenciana, ofreció a finales de enero una amarga caricatura de los resultados del choque que siempre busca el Consell con el Gobierno central. "Nos ofecen desaladoras y en lugar de decir que sí, que las hagan empresas valencianas y que, además, queremos el trasvase, un señor que se llama Esteban González Pons, que ahora es no se qué en el PP, dice que no, cierra el camino, prohíble el paso de los camiones. Es de locos".

Carlos Cabrera, vicepresidente de Ascer, la patronal del sector cerámico, aprovechó una comparecencia en Cevisama, la feria del azulejo, esta semana, para expresar el desencanto de los industriales hacia la escasa responsabilidad de los políticos ante la peor crisis económica que azota la Comunidad Valenciana desde hace años. "Las palabras animan, pero el sector necesita ayudas concretas de las administraciones ya. Echamos de menos la coordinación entre administraciones de los planes de impulso. Ya no es tiempo de hablar de partidos, es momento de hablar de país".

Eloy Durá, presidente de Fevec, la Federación de Constructores Valencianos, se desahogó el jueves, en una gala de su federación, con una virulenta carga contra políticos, administraciones, jueces o sindicatos. "No ser valientes y no atacar los problemas en los cimientos con un consenso de todos los partidos políticos, o por lo menos de los dos más importantes, nos lleva a mayor paro. No podemos seguir de brazos cruzados mientras nuestra economía se despeña". Durá también replicó por anticipado a Gerardo Camps cuando reclamó "a todas las administraciones públicas que reduzcan sus gastos corrientes y se adapten a las circunstancias actuales".