Sanidad renuncia a impugnar el área única sanitaria en el Constitucional

Sólo cinco días después de que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, manifestara en público sus dudas sobre la legalidad de la Ley de libre elección y área única madrileña, su ministerio confirmó ayer que ha renunciado a impugnar la norma autonómica. Jiménez aseguró que la ley, aprobada en noviembre pasado y que aún no ha entrado en vigor, podría presentar "incompatibilidades" con la Ley General de Sanidad.

En concreto, lo que preocupaba a su ministerio era la supresión de las 11 áreas sanitarias en que se divide actualmente la región para crear una única área que englobará a casi seis millones y medio de habitantes. El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, mantiene que para permitir la libre elección de médico y enfermera es necesario "eliminar barreras administrativas". Las sociedades científicas siempre le han contestado que, en realidad, la libre elección ya existe y que no hay ninguna necesidad de cambiar un sistema que, hasta ahora, ha funcionado bien.

La norma estatal establece que las áreas de salud deben tener entre 200.000 y 250.000 habitantes. Pero, según explicó ayer el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, "permite excepciones". El ministerio aseguró ayer que no hay "base jurídica" para llevar la norma al Constitucional. El lunes pasado la ministra, que hasta entonces nunca se había pronunciado sobre el tema, anunció que sus servicios jurídicos estaban revisando la norma autonómica porque su legalidad planteaba dudas.

El plazo para impugnar la ley, que debía hacerse mediante un recurso de inconstitucionalidad, terminaba a mediados de febrero, al cumplirse tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial. El Ministerio de Sanidad ha recibido durante esta semana nuevas explicaciones de la consejería madrileña sobre cómo piensa organizar internamente el área única, que al final le han convencido de que la impugnación no iría a ninguna parte."La viabilidad jurídica de un recurso es dudosa", aseguró ayer el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. Entre las declaraciones de la ministra, el lunes pasado tras reunirse con los sindicatos UGT y CC OO, y la decisión de ayer han mediado varias comunicaciones con la Consejería de Sanidad madrileña. El departamento que dirige Juan José Güemes ha explicado en mayor detalle cómo piensa organizar internamente el área única, explicó Martínez Olmos. "El desarrollo normativo asegura la coordinación entre la atención primaria y la especializada", añadió.

Después de consultarlo con el Ministerio de Política Territorial -encargado de presentar el recurso de inconstitucionalidad, llegado el caso-, el ministerio de Jiménez ha llegado a la conclusión de que la norma autonómica respeta la Ley General de Sanidad porque ésta permite excepciones y son las propias comunidades autónomas las que, en su marco de competencias, establecen esas excepciones. Según el ministerio, la consejería piensa respetar las zonas básicas de salud, divisiones más pequeñas que las áreas que suelen corresponder con la población asignada a un centro de salud. Jiménez aseguró el lunes que la creación del área única "dificultaría la propia gestión, organización y funcionamiento de los servicios sanitarios".

Sindicatos, partidos de la oposición, organizaciones vecinales y sociedades científicas llevan meses criticando la Ley de Libre Elección y Área Única, que aun así aprobó el Parlamento regional con los votos del PP, que tiene mayoría. Ayer mismo, 13 de estas entidades firmaron un manifiesto de rechazo en el que piden al Ministerio de Sanidad o al Defensor del Pueblo que lo paralicen mandándolo al Tribunal Constitucional. Ni el primero ni el segundo van a hacerlo.

El Defensor del Pueblo también ha archivado la queja que le presentaron UGT y CC OO en diciembre pasado. "Lo que le preocupaba era el principio básico de descentralización y proximidad a los ciudadanos, y eso se mantiene", aseguró una portavoz de la oficina de Enrique Múgica. Güemes también se defendió de las críticas explicando que las zonas básicas de salud van a mantenerse. Aun así, el defensor estará "muy atento" al desarrollo reglamentario de la ley, subrayó la portavoz. La ley debería entrar en vigor, ya con el reglamento aprobado, dentro de unas semanas, antes de que acabe el primer trimestre del año, según anunció el consejero.

"Es una lástima", aseguró ayer el secretario de Políticas Sectoriales de UGT, Juan Luis Martín. "Pero no frena para nada nuestra campaña de oposición. Hay más razones para rechazar la ley que las jurídicas. Vamos a intensificar el esfuerzo para explicar qué puede pasar si se aprueba la ley". El sindicato asegura que la norma supondrá "un paso atrás en términos de calidad" y que el área única introduce en la sanidad madrileña elementos de competencia y de "mercantilización". Con la excusa de la libre elección de médico, "un paraguas atractivo", los ciudadanos "perdemos la condición de pacientes para ser clientes", afirma Martín. "No es libertad de elección sino de solicitud. La última palabra la tendrá la Administración, porque no todo el mundo podrá elegir el mejor cardiólogo; dependerá de su agenda y su carga de trabajo".

Los firmantes del manifiesto, entre los que figura la vocalía de Atención Primaria del Colegio de Médicos, coinciden con los sindicatos en que el daño será "grave e irreversible". La ley, aseguran, "pone en riesgo la asistencia al crear graves desequilibrios entre las cargas asistenciales de los profesionales". Lo que se preguntan es, básicamente, qué necesidad hay de cambiar el sistema. La norma "elimina la estructura que ha permitido consolidar nuestro modelo asistencial como un referente internacional", aseguran. Por eso solicitan el recurso al Constitucional, algo que difícilmente van a conseguir.