Guerra abierta del Puerto vigués con el Ayuntamiento

Agentes de la policía portuaria de Vigo impidieron ayer la instalación de unas máquinas expendedoras de recibos de aparcamiento y las labores de señalización en superficie que realizaba una dotación municipal en la calle Cánovas del Castillo por no haberse notificado esas actuaciones a la Autoridad Portuaria, a cuya demarcación pertenece dicha calle. La Consellería de Medio Ambiente, por su parte, ordenó ayer la retirada de los escombros de la nave de cableros, demolida por el Puerto el pasado fin de semana.

La demolición de la nave, que la Autoridad Portuaria comenzó el viernes de la semana pasada, desoyendo la orden que le cursó el Ayuntamiento el sábado para que la paralizara, está ya judicializada. El incumplimiento de la orden municipal de paralización conlleva su comunicación a la fiscalía y la apertura de un expediente sancionador en función de la sucesión de hechos y el volumen de la obra realizada. Los técnicos municipales también analizaron ayer el alcance de la obra necesaria para limpiar el solar, con una mezcla de materiales cuya peligrosidad potencial reconoce la orden de la Xunta cursada ayer. Una vez sean retirados los escombros, el Ayuntamiento volverá a precintar el entorno.

La Xunta ordena la retirada de los escombros de la nave demolida

"Es un disparate, pero no haremos nada", dice el concejal de Tráfico

El litigio entre ambas administraciones ha sido también trasladado a los tribunales por la Autoridad Portuaria, que ha planteado un recurso contencioso administrativo.

Las tensiones personales entre los responsables municipales y portuarios, aun perteneciendo al mismo partido político, dieron pábulo ya desde los inicios del actual periodo democrático a la tesis de la "doble alcaldía" de Vigo, la municipal y la portuaria, por actuar una de espaldas a la otra y con choques que lastraron proyectos comunes del desarrollo urbano. El paso del tiempo y el interés compartido de dedicar espacios portuarios al uso ciudadano parecía haber atenuado esa disposición, que sin embargo ha reaparecido batiendo marcas de virulencia verbal desde que Corina Porro, presidenta a su vez del PP local y posible candidada a la alcaldía, preside la Autoridad Portuaria, hace menos de un año. Estos días subrayaba las diferencias de su gestión en inserciones publicitarias en la prensa local, como en campaña electoral.

En su afán de acelerar los logros de su gestión portuaria, Porro ha chocado estrepitosamente con la alcaldía, que desempeña el socialista Abel Caballero -antes presidente del puerto-, al menos en tres iniciativas: la propuesta de legalización de las instalaciones del puerto deportivo de A Lagoa, que preside José Manuel Fernández Sousa, presidente a su vez de Pescanova, sobre las que pesa una sentencia judicial firme con orden de demolición; el proyecto de edificar un parque de bomberos en una zona portuaria catalogada como verde, y la demolición, durante el pasado fin de semana, de la nave de cableros en el área central del puerto para construir en su solar una fuerte cibernética.

Cada una de esas actuaciones, según se entiende en el Ayuntamiento, precisaría la modificación previa del Plan Especial del Puerto, que en el caso de la nave de cableros la cataloga como edificio a consolidar. A mayores, también fue parada judicialmente la ampliación del muelle de Areal, de modo cautelar y al margen de las competencias municipales, aunque Porro no dudó en situar a Caballero detrás de esa paralización, como instigante de la misma.

El concejal de Urbanismo, José Mariño, reiteró ayer la calificación de "hechos gravísimos" para los realizados por la Autoridad Portuaria. "Nadie que empiece una demolición un viernes por la noche y desoiga el sábado la orden de paralización puede decir que actúa con plena legalidad", indicó. El Ayuntamiento ha actuado "con soporte jurídico y todos los informes a la vista", mientras que el Puerto, denunció, no ha mostrado ninguno que avale su actuación.

Xulio Calviño, el concejal responsable de Tráfico, estaba por su parte presentado a la prensa un nuevo plan para el Casco Vello, con señalización en superficie e instalación de las máquinas expendedoras de los recibos, cuando recibió la noticia: la policía portuaria estaba impidiéndolo por no haberse notificado al puerto esas operaciones. "Tenemos toda la razón y esto es un disparate, pero no vamos a dar ningún paso que pueda resultar irreversible", declaró sin salir de su asombro.