"Venir a Cataluña es ir a galeras"

Cataluña es la comunidad autónoma con más rotación de jueces y la que tiene más vacantes. Concretamente, 159 de 735 plazas. Si se añaden los que están de baja y los que no ejercen por algún motivo, resulta que el 27% de las plazas no tienen titular y las cubren sustitutos. El gran número de pleitos acumulados, el déficit de juzgados que se agrava cada año, la elevada tasa de funcionarios interinos, la falta de opositores catalanes y la supresión del ascenso forzoso de juez a magistrado explican la situación. Los responsables son, en mayor o menor medida, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia, la Generalitat y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que se culpan mutuamente del panorama actual, que podría derivar en la suspensión de juicios.

El Poder Judicial no prevé convocatorias extraordinarias ni masivas de jueces

El ministerio se resiste a traspasar el personal interino, que supone el 40%

"Venir a Cataluña de juez es como ir a galeras. Si se pueden escoger otros destinos en los que se trabaje en mejores condiciones, nadie pide una plaza aquí", reconocen varios jueces consultados. Las cifras oficiales les dan la razón. El 95% de los juzgados de Cataluña superan el módulo de trabajo que considera razonable el CGPJ y el índice de rotación en los juzgados de primera instancia de Cataluña dobla con creces la media española. Lo mismo ocurre con los juzgados mixtos (de primera instancia e instrucción). En el último concurso de ascenso de juez a magistrado se ofertaron 62 plazos en Cataluña y sólo se cubrieron 12. El resto quedaron desiertas y se cubrirán con sustitutos, pues ahora ya no se puede obligar a nadie a ir a un destino.

La creación de juzgados depende del Ministerio de Justicia. Al Poder Judicial le corresponde hacer las convocatorias de plazas para cubrir los juzgados nuevos y las que están en manos de sustitutos, fijar el número de jueces y aplicar los mecanismos previstos para abordar el déficit endémico de plantilla que afecta especialmente a Cataluña y, en menor medida, a Canarias y el País Vasco. El año pasado, la Sala de Gobierno del TSJC solicitó al ministerio 166 nuevas plazas judiciales en Cataluña. Se concedieron 23. Año tras año se va agravando la situación, de manera que ahora hay 27 juzgados en Cataluña que ni siquiera están cubiertos con sustitutos porque tampoco hay más. La consecuencia es que un destino ya de por sí infernal lo acaba cubriendo por el mismo precio el juez de al lado, que ya está desbordado con sus pleitos."¡No tenemos una fotocopiadora de clonación de jueces!", proclama Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia, antes de referirse al compromiso del ministro Caamaño de incrementar la plantilla de jueces españoles en 750 plazas en tres años.

"Vamos a tomar medidas para abordar la situación de Cataluña", explica Félix Azón, vocal del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuáles? "Primar la retribución de las plazas que no se cubren, pero no va a ser en tres meses, porque eso ha de ir a la Ley de Presupuestos". ¿Y primar la permanencia en Cataluña, como propone el Tribunal Superior? "No podemos. Para eso hay que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial", responde Azón.

Lleva más de un año en el cargo y explica que el primer o segundo destino judicial no resulta cómodo por las condiciones de trabajo, pero equipara la situación a una suerte de inevitable precariedad laboral hasta lograr la estabilidad. Azón también descarta una convocatoria extraordinaria de jueces, como reclama la presidenta del TSJC, María Eugenia Alegret, así como convocar todas las plazas que no convocó el anterior CGPJ a través del llamado cuarto turno de acceso a la judicatura, reservado a juristas de prestigio, como exige la consejera de Justicia, Montserrat Tura. "Yo me he comprometido a que por esa vía entren 300 jueces en ese mandato", dice Azón. "Son insuficientes", replica Tura.

"Los jueces no se quedan porque no los incentivamos. La mayoría son mujeres casadas que están aquí sin familia y sólo les ofrecemos mucho trabajo y un nivel de vida carísimo. Y después está la lengua, que aunque no es lo principal, porque también se da en otras comunidades en las que hay menos movilidad, supone una dificultad añadida", explica Alegret. Lleva más de cinco años de mandato y nunca había puesto el grito en el cielo por la cruda realidad. Ahora reclama medidas drásticas.

La consejera Tura rechaza de plano que haya incentivos para que los jueces no se vayan. "No tenemos competencias y la solución no es que las comunidades autónomas pongan más dinero", explica. Lo que sí es competencia de la Generalitat es la formación del personal interino que llega a los juzgados y que en Cataluña supera el 40% de la plantilla. Los jueces catalanes coinciden en la escasa preparación de algunos de esos funcionarios. Y eso tampoco estimula la permanencia. "Si has de estar vigilando todos los escritos que firmas porque no te fías, eso supone un trabajo añadido. Y los juzgados de Cataluña ya son de por sí muy duros", explica Miguel Ángel Gimeno, presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona y portavoz de Jueces para la Democracia. "El alto índice de interinos que tenemos es escalofriante y los cursos de formación que da la Generalitat son insuficientes, porque cuando han aprendido un poco en una jurisdicción, los cambian", dice Gimeno.

"Que el ministerio nos traspase las competencias para hacer las convocatorias de los funcionarios y se acabará el problema", exige Tura. "Estamos estudiando ese traspaso a Cataluña y a otras comunidades, pero eso hay que hablarlo con los afectados", explica el secretario de Estado de Justicia, dejando entrever su recelo de que la medida subleve a los funcionarios al romperse la actual estructura de cuerpo nacional. Es el mismo dilema que hace años se planteó con los médicos y los profesores, y entonces hubo voluntad política para traspasarlos. A la hora de asignar juzgados, el ministerio tiene en cuenta la carga de trabajo, pero con esas cifras se pueden hacer trampas, como sucede ahora en algunos juzgados de Madrid, según explican en privado sus colegas de Barcelona. La trampa consiste en que un procedimiento civil puede acabar contando por tres o cuatro en Madrid y por uno en Barcelona. Y si hay más trabajo, se cree que hacen falta más juzgados en una ciudad que en otra, cuando la realidad es otra. La vocal del CGPJ Margarita Robles reconoce que se ha detectado que "la forma de registrar los asuntos no es la misma en toda España. Los jueces deberían contar de igual manera los asuntos que tramitan y eso no lo están haciendo. Estamos trabajando para fijar unos parámetros iguales para todos, pero no es fácil". Robles también coincide con la presidenta con Alegret en que las autonomías no se pueden desentender de los jueces y deberían fomentar las ayudas.