La Junta destina 130 millones al plan contra la siniestralidad

El plan de la Junta para erradicar la siniestralidad laboral entre 2004 y 2009 ha supuesto un gran avance, tal es reducir el número de accidentes en más de un 30% y las víctimas mortales en un 43%. Siguiendo esta estela, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el nuevo plan (hasta 2014), con una inversión de 130 millones de euros, que prevé plazos más cortos de ejecución (planes bianuales) y estrategias especializadas según los territorios y los colectivos.

El consejero de Trabajo, Antonio Fernández, explicó que su departamento trabaja con el objetivo de que no se produzca ninguna incidencia mortal, aunque un buen resultado sería mantener el ritmo decreciente de los últimos años. El primer desarrollo de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo será un programa de dos años de duración sobre empresas con frecuencias de enfermedades profesionales y un catálogo de buenas prácticas para el control de los riesgos psicosociales.

También está previsto un laboratorio desde la perspectiva de género (que hará un estudio de los riesgos de las embarazadas) y la investigación de la accidentabilidad a escala local, con especial atención a las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, donde el control es más difícil.

El consejero anunció que se vigilará de cerca el repunte de los siniestros relacionados con los tractores, con acciones formativas y la incorporación de medidas preventivas como la instalación de sistemas antivuelco.

Entre las 91 líneas de actuación programadas, destacan la destinadas a ayudar a las empresas a cumplir las normas a través de incentivos económicos y el asesoramiento directo, así como planes específicos para las que tenga más accidentes y las administraciones públicas.

El Consejo de Gobierno aprobó igualmente un decreto para reforzar la figura de los delegados de prevención en las empresas, con la creación de una acreditación oficial que caduca a los cuatro años. Añade como nuevos sujetos de inscripción a los comités y a los comités intercentros de seguridad y salud (para las empresas de más de 50 empleados o con varios centros de trabajo, respectivamente). Fernández subrayó el papel de los inspectores de trabajo y la justicia en la reducción de accidentes.