La pérdida del principal contrato agrava la crisis de Astilleros

Quien pensaba que las cosas no podían ir peor en el conflicto de Astilleros, se equivocaba. El armador finlandés Viking Line comunicó ayer la rescisión del contrato suscrito con Astilleros de Sevilla para la construcción del mayor buque en cartera, valorado en 60 millones de euros, destinado al transporte de pasajeros y con capacidad para 1.500 personas y 320 vehículos. Al no cumplirse los plazos estipulados, la compañía reclama ahora la devolución de 42,6 millones de euros entregados como adelanto. El contrato se firmó en enero de 2007 y el ferry debería haberse entregado en julio de 2009. La firma nórdica proporciona viajes de lujo en transbordadores de última generación.

Pero éste no el único revés económico para Astilleros. El pasado viernes, la compañía chipriota Desedo Shipping Limited, anuló el pedido de uno de los dos buques de soporte para petroleros encargado también a Astilleros de Sevilla y solicitó la devolución de 25 millones de euros. Ya a principios de mes la Junta intentó mediar con los armadores y ayer aún confiaba en que se podrían "renegociar las rescisiones".

Todos temen un efecto dominó de anulaciones de pedidos que agrave el frágil estado de la empresa, con una deuda de 300 millones de euros. La dilación en la rúbrica del acuerdo final entre los accionistas de la empresa y la Junta hace temer una posible "cadena de cancelaciones" que hiera de muerte a la compañía, ya en situación de prequiebra.

Documento final

La agencia Idea, dependiente de la Consejería de Innovación, esperaba el pasado viernes, en Sevilla, la llegada de los propietarios de Astilleros para la firma del documento final. Pero no acudieron. Según fuentes de la empresa, su gabinete jurídico trabajaría todo el fin de semana para firmar, definitivamente, una hoja de ruta consensuada por todos ayer por la mañana. Tampoco ocurrió.

A cambio, el consejo de administración nombró a José Luis Álvarez, ex directivo de Izar y candidato propuesto por la Junta, como apoderado general de la planta de Huelva. El poder notarial consta de cinco folios en el que se enumeran las competencias del nuevo apoderado. La Junta exigía ayer que se acreditase el otorgamiento de ese poder -que fue enviado a la prensa horas antes que a Idea-, así como que el nombramiento de Ángel Díaz-Munío Roviralta como apoderado de la planta sevillana se realizará el próximo jueves.

También exigió la Junta el acta del consejo de administración que acordó convocar la junta general extraordinaria de accionistas los próximos 16 y 17 de marzo. La Junta calificó los pasos dados ayer por la empresa como "insuficientes".