Más conciertos para los centros de mayores vinculados a Sedesa

El paso por la Consejería de Bienestar Social del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino (junio 2007-agosto de 2009) no solo dejó a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la ley de la Dependencia en España. También se tradujo en un aumento del volumen de negocio de la red de residencias de la tercera edad vinculada a su familia. Esta empresa, Savia Centros Residenciales -nombre comercial de Gerocentros del Mediterráneo, SL, participada por Sedesa Concesiones, del Grupo Sedesa que dirige el sobrino del consejero, Vicente Cotino Escrivá- se vio favorecida por varias medidas adoptadas durante la etapa de Cotino en Bienestar Social. Un acuerdo del pleno del Consell de 2008 propició un aumento del 170% de las plazas subvencionadas por la Generalitat con esta firma a final de ese año respecto a las concertadas en 2006 al pasar de 716 a 1.938.

Buena parte de las plazas obtenidas por Savia y subvencionadas por la Generalitat (al menos 758) se beneficiaron de unas condiciones económicas diferentes que elevaban el precio máximo que podían cobrar por cada usuario un 25% respecto a la suma anterior, lo que supone 3,3 millones de euros más al año, calcula el PSPV.

La norma que estableció las reglas de juego iniciales en las plazas concertadas fue el contrato administrativo que puso en funcionamiento Bienestar Social en 2003 para que las empresas pusieran en el mercado 9.000 plazas residenciales destinadas a paliar el déficit existente, de las que un tercio serían subvencionadas por la Administración. El precio máximo de las plazas -finalmente fueron unas 2.000, ya que se construyeron algo más de 6.000 plazas- se fijó en 36 euros, que, según el contrato (de 15 años de duración y prorrogable a 25) se iría actualizando en función del IPC. Según este contrato, el precio máximo debería haber sido el año pasado de 46,04 euros y 46,4 este año.

Sin embargo, no fue así en al menos, otras 2.000 plazas concertadas. La consejería, a través de contratos negociados y sin publicidad, estableció precios distintos, notablemente más altos (58 euros en 2009, 60 en 2010), con diferentes grupos empresariales. Con Savia, por ejemplo, afectaba a 758 plazas el año pasado. De estos acuerdos participan también las firmas La Saleta o Novaire.

Este precio no es solo superior a los 46 euros del contrato anterior. También es notablemente más alto que otros precios máximos fijados por Bienestar Social referidos a otros tipos de plazas subvencionadas. Es el caso de las residencias sin ánimo de lucro, con un precio máximo por plaza diario de 50 euros para 2010. O de los centros de la modalidad bono-residencia que, en el caso de las personas con mayor discapacidad, cobran la plaza a 55,5 euros.

La cifra de los 58 euros por plaza de los nuevos contratos (negociados y sin publicidad) no figura en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al contrario de los anteriores precios. Tampoco se ha hecho público por parte de la consejería. La cifra se incluye en el pliego de cláusulas del contrato, que solicitó el diputado socialista Antonio Torres y que no ha podido acceder a la totalidad del expediente. "Es poco ético que un consejero, como parte interesada, tome decisiones que implican a empresas de su familia", apunta Torres. "Y es igual de grave que, dadas las circunstancias, en lugar de tratar de aclarar las cosas y dar facilidades a la hora de transmitir información, la consejería haya optado por el oscurantismo". El diputado pone el ejemplo de los 10 meses que tuvo que esperar para recibir el contenido de un acuerdo del Consell de enero de 2008 en el que se impulsó el concierto de plazas residenciales. "Es un pelotazo de 3,3 millones de Cotino, el único beneficiado de la Dependencia en la Comunidad Valenciana", añadió.