La matanza de jóvenes se vuelve contra Calderón

A los 14 jóvenes de entre 15 y 19 años asesinados el sábado por la noche en Ciudad Juárez los mataron dos veces. La primera fue cuando un grupo de sicarios llegó a la calle Villas del Portal, donde los muchachos celebraban una fiesta de cumpleaños, y los ametrallaron sin contemplaciones. La segunda cuando, sólo unas horas después del crimen, las autoridades mexicanas, encabezadas por el presidente, Felipe Calderón, difundieron la sospecha de que todo se debía a un ajuste de cuentas entre carteles de la droga.

Los familiares de los jóvenes, en su mayoría buenos estudiantes y deportistas, colocaron sobre los ataúdes abiertos unos folios en los que exigían a las autoridades justicia y respeto. "Ya que no son capaces de proteger la vida de nuestros hijos", exigía una madre, "que al menos nos dejen enterrarlos sin pisotear su dignidad".

Desde hace tiempo, toda víctima es sospechosa en México. El Gobierno, incapaz de frenar la creciente ola de violencia, maneja la teoría de que un tanto por ciento muy alto de las víctimas pertenece al crimen organizado: "Se están matando entre ellos". Pero el crimen del sábado ha dejado al aire dos fallas muy importantes de la estrategia de Calderón. La primera es que los 5.000 soldados y 1.500 policías federales desplegados en el Estado de Chihuahua -del que la fronteriza Ciudad Juárez es la plaza más grande y más violenta- no son capaces de impedir que entre 16 y 20 sicarios a bordo de cuatro o cinco camionetas bloqueen una calle de la ciudad, se bajen con toda la tranquilidad del mundo y vacíen sus cargadores sobre 60 muchachos que celebraban una fiesta, matando a 14 de ellos, a dos adultos que pasaban por allí, y dejando tras de sí un reguero de sangre y heridos.

La segunda falla tiene que ver con la criminalización sistemática de las víctimas. Durante las últimas horas, todo el país ha presenciado en directo los esfuerzos denodados de las autoridades por situar el crimen bajo el epígrafe tranquilizador de "ajuste de cuentas". Las autoridades llegaron a presentar ante la prensa a un tipo que, de espaldas, declaró que los jóvenes fueron acribillados porque pertenecían a una pandilla a sueldo de El Chapo Guzmán, máximo jefe del cartel de Sinaloa. Pero las imágenes que llegan son las de ataúdes abiertos, con muchachos en su interior de 15, 16 y 17 años, algunos de ellos, como José Adrián Encina, dueños de un expediente académico lleno de matrículas de honor. ¿Sicarios a sueldo de El Chapo Guzmán?

Lo que sí vuelve a recordar el crimen del sábado es que, cuando Calderón llegó al poder, en Ciudad Juárez morían asesinadas dos personas al día. En 2008, el promedio subió hasta cinco. Y, el año pasado, eran ya siete las muertes diarias. Basta darse una vuelta por Ciudad Juárez para comprobar que muchas de las víctimas eran jóvenes captados por alguna organización criminal y asesinados en represalia por un cartel rival. Pero también es muy fácil encontrar entre los más de 3.000 muertos del año pasado un buen número de abogados, policías, ingenieros, médicos o periodistas. Todos ellos convertidos a un tiempo en cadáveres y en sospechosos.