La madre condenada por pegar a su hijo pide que lo internen

David decía el pasado viernes que no había ido al colegio porque le dolía la cabeza, pero no era cierto. Ha sido expulsado 15 días por indisciplina y hacer caso omiso a los profesores. Sus padres conocieron la noticia sin alarmarse en exceso. Es la tercera vez que le ocurre algo parecido en lo que va de curso.

Mucho mayor es el calvario que sufren con él en el ámbito familiar. Desde que la madre fue condenada, y luego indultada, a 67 días de cárcel y un año y 67 días de alejamiento del menor por darle una bofetada para reprenderle porque no hacía los deberes, María del Saliente se ha declarado impotente para corregir a su hijo, al que ve crecido desde la famosa sentencia que hace un año dio la vuelta a España.

"Me amenaza con que iré a la cárcel si le vuelvo a pegar", dice su progenitora

La Junta descarta asumir la custodia, pero podría hacerse cargo de su guarda

"No hace los deberes, no nos hace caso, se va de la casa cuando quiere y, encima, me amenaza con que iré a la cárcel si le vuelvo a pegar", decía, apesadumbrada, esta mujer de Pozo Alcón (Jaén). Ella y su marido admiten que se rinden y han pedido a los servicios sociales de la Junta de Andalucía que se lleve a su hijo de 13 años a un centro de internamiento donde puedan cambiar su conducta.

David siempre ha sido un chico conflictivo, con escaso apego a los estudios y con no pocos problemas para comunicarse con sus padres, ambos sordomudos. Una tarde, María del Saliente perdió los nervios y le dio un cachete a su hijo, con tan mala fortuna que éste se golpeó en el lavabo y sangró por la nariz. Al día siguiente, en el colegio advirtieron las secuelas de la herida y se activó un protocolo que desembocó en la condena a la madre.

Más allá de la pena de prisión (que no cumpliría por carecer de antecedentes), sus paisanos de Pozo Alcón se movilizaron para evitar que la madre se separara de su hijo durante más de un año, una decisión que, al igual que la fiscalía, se consideró a todas luces desproporcionada.

Cuatro meses después el Gobierno central concedió el indulto y madre e hijo aparecieron en todas las cadenas de televisión fundidos en un abrazo. Parecía que se acabaría la pesadilla, pero no fue así. Ahora se ha sabido que el menor, consciente de que su madre no puede tocarle si no quiere acabar en la cárcel (ahora sí tiene antecedentes), se volvió si cabe más rebelde.

"Se ríe de nosotros cuando le regañamos, si no lo dejamos salir empieza a dar golpes a la puerta y alguna vez me ha pegado", describe la madre entre sollozos, y preocupada porque la conducta de David repercuta también en su hijo menor. Así las cosas, María del Saliente y su marido, José Domingo Moreno, pidieron ayuda a los servicios sociales del municipio y esta misma semana han firmado una solicitud en la que encomiendan el futuro de David a la Junta de Andalucía.

"Desde hace tiempo venimos trabajando con esta familia, algo que se reforzó tras la polémica sentencia con un trabajador social y un psicólogo", apunta Felisa Marín, concejala de Asuntos Sociales de Pozo Alcón, que admite que su Ayuntamiento "poco más puede hacer".

La pelota está ahora en el tejado de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y no parece que la solución esté muy clara. "No hay por qué hacerse cargo de la custodia del menor, hay otras figuras jurídicas para dar respuesta a la angustia de esta familia", señala la consejera Micaela Navarro. Ese resquicio legal puede ser la guarda del chico por parte de la Junta y su internamiento en un centro.

Tanto la Asociación Pro-Derechos del Niño, Prodeni, como el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, creen que la Administración debería haber abordado desde un principio el trastorno de conducta que parece sufrir el menor. "Este caso se planteó mal desde sus comienzos, ya que tanto la Justicia como los Servicios Sociales se quedaron en el suceso de la bofetada, pero se olvidaron del niño". En Jaén, se creó hace años la asociación Ampanitco de padres con hijos tienen este tipo de trastornos, pero el grupo casi se ha extinguido por la falta de ayudas públicas.

Hasta la fiscalía de menores de Jaén ha criticado duramente la pésima atención que reciben estas familias, según el diario Ideal. "Ante la falta de una respuesta concreta, los padres dicen que no van a dejar entrar a su hijo en casa. Cuando esto ocurre no existe más alternativa que el ingreso del menor en un centro de protección, pero nos estamos encontrando con que en la mayoría de los casos dicta resolución por no existir situación de riesgo o desprotección y lo entregan de nuevo a sus progenitores", se expone en un informe de la fiscal Pilar Alcaraz, que demanda la creación de centros y recursos específicos para este tipo de menores que tienen graves problemas de conducta.