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La juez sobresee la causa por presuntas irregularidades en la Cidade da Cultura

El auto relata múltiples anomalías pero no acredita infracciones penales

La gestión de la Cidade da Cultura en sus primeros cuatro años, entre 2000 y 2003, no fue precisamente un modelo de buenas prácticas, pero tampoco puede acreditarse que tuviera trascendencia penal. Son las principales conclusiones a las que llega la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago, Ana López-Suevos, en un auto en el que decreta el sobreseimiento de la causa iniciada por la CIG y la plataforma Cultura sí, mausoleo non.

Concluye así un procedimiento que se inició el 13 de agosto de 2007 con una denuncia de la CIG, a la que se sumó el Ministerio Fiscal. La instrucción contó con el dictamen de la comisión parlamentaria que en 2007 investigó las actuaciones públicas referentes al proyecto del monte Gaiás. La juez lamenta en su auto el tiempo transcurrido desde la comisión de los hipotéticos delitos hasta la investigación judicial, que constituye uno de los elementos que limitaron su trabajo de instrucción.

Esta circunstancia ciñó la investigación en muchos aspectos "al estudio de documentación" que, con el tiempo transcurrido, puede "maquillar una realidad que ya casi es imposible de conocer". Las declaraciones de los testigos, además, se caracterizaron "por la imprecisión y vaguedad, apelando a la dificultad de recordar con mayor rigor", lamenta el auto.

Así, la juez considera que "no queda demostrado" que ninguna de las actuaciones investigadas sobre la gestión de la Cidade da Cultura fuese "objeto de delito", por lo que acuerda el sobreseimiento provisional del caso, ante el que los implicados podrán interponer recurso de forma o apelación en un plazo de tres días.

El aspecto de la investigación más laborioso, "y el que más interrogantes suscita", es el de la cuarcita: la contratación por el "elevadísimo importe" de 6 millones de euros a una empresa vinculada a un ex cargo del PP, el ex alcalde de Ortigueira, Antonio Campo, pese a existir informes de su insuficiencia, finalmente confirmada. La cuarcita, además, "se consideró seleccionada antes de iniciarse el expediente de contratación". La juez afirma que fue esta investigación la que se vio más afectada por el tiempo transcurrido.

El auto analiza el posible apoderamiento o desvío de fondos a favor del arquitecto, Peter Eisenman, que atribuye, entre otras causas, a la pretensión de éste "de ver aumentados sus honorarios". También investiga el elevado grado de contratación a un único licitador, la adjudicación de un contrato de consultoría del Xacobeo 2004 en condiciones "más que favorables" o los precios de contratación de obras en dos edificios, pero sin concluir la existencia de delitos. La juez investigó asimismo el desfase entre el presupuesto inicial y el previsto en 2005, que atribuye a distintas causas sin responsabilidad penal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de enero de 2010