La Junta elige un apoderado para Astilleros de Sevilla

La paciencia se ha agotado. La Junta de Andalucía anunció ayer que las medidas legales contra la empresa Astilleros de Huelva, titular de un 80% de los astilleros sevillanos, "se pondrán en marcha de forma inminente". A su vez, el Gobierno andaluz presentó un nuevo apoderado general para la planta sevillana e instó al consejo de administración a aceptarlo "urgentemente".

Se trata de Ángel Fernando Díaz-Munío Roviralta (Castro Urdiales, Cantabria, 1942), que ya fue directivo en la empresa con anterioridad.

La agencia Idea, dependiente de la Consejería de Innovación, anunció estos dos movimientos que ponen un punto y final a las negociaciones. "Hasta aquí hemos llegado", afirmaron desde la consejería. Los administradores de la empresa onubense hicieron caso omiso al ultimátum de 48 horas dado por la Administración autonómica para que los propietarios aceptaran, de una vez por todas, la hoja de ruta firmada por ellos mismos y la Junta el 22 de diciembre.

En el plan de acción figuraba la cesión de al menos un 51% de los derechos políticos por parte de los dueños a un administrador único, que podría así desbloquear la toma de decisiones. También se comprometían a aceptar un apoderado general que después pasaría a administrador. El candidato fue José Luis Álvarez, ex directivo de Izar, pero el nombramiento nunca se llevó a cabo. Tampoco se traspasaron formalmente el 51% de las acciones.

El plan de la Junta, con el apoyo de los sindicatos, planteaba una posible salida para la continuidad de la actividad industrial en los astilleros, de la que dependen más de 1.000 empleos entre la empresa matriz y las auxiliares. En cualquier caso, la negociación ha fracasado.