El pequeño comercio de Alicante vuelve a rechazar el macroproyecto de Ikea

Los esfuerzos del Ayuntamiento de Alicante de facilitar la instalación de la multinacional sueca Ikea en el término municipal no logran mover ni un ápice la férrea opinión del pequeño comercio en contra del proyecto. El Colectivo de Comerciantes por Alicante resolvió en una reunión celebrada el martes por la noche mantener su oposición al macroproyecto previsto por Ikea -131.000 metros cuadrados de zona comercial en Rabassa-, pese a aceptar la instalación independiente de la multinacional.

La respuesta del pequeño comercio, acordada por 17 asociaciones de Alicante, se produjo al día siguiente de que el Ayuntamiento de Alicante, del PP, anunciara una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ubicar Ikea en el plan Rabassa (actualmente suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia) con fachada y acceso a la autovía A-7.

El equipo que dirige la popular Sonia Castedo aseguró también el lunes que la modificación introducida en el PGOU incluye prohibir la apertura de nuevos centros comerciales, en este caso para atender la demanda del pequeño comercio. Un aspecto que Europa no permite, según aseguró ayer el pequeño comercio. El colectivo explicó que según la nueva normativa de la Unión Europea "ninguna entidad administrativa (local, provincial, autonómica o nacional) podrá denegar licencias de actividades ni adaptar sus PGOU para prohibir la implantación de centros comerciales por motivos económicos". Las implantaciones, argumentan, estarán sujetas a una serie de estudios medioambientales o a las infraestructuras existentes.

Por otro lado, Esquerra Unida denunció la estrategia de Castedo "de intentar sortear la probable suspensión definitiva del Plan Rabassa por el TSJ, cambiando las normas urbanísticas". El coordinador de la formación política en Alicante, José Antonio Fernández Cabello, considera que si Castedo realiza la anunciada modificación sería "el ejemplo más escandaloso de urbanismo a la carta y de trato de favor de la alcaldesa a dos mercantiles [Viviendas Sociales del Mediterréno e Ikea]".

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