Medidas de niño para controlar a El Rafita adulto

Rafael Fernández, El Rafita, uno de los asesinos de Sandra Palo, está en libertad vigilada. Fue detenido el sábado por intentar robar un coche. ¿Eso cambia su régimen actual? Cuando un adulto está en libertad condicional, cometer un delito supone su internamiento. ¿Qué consecuencias tiene quebrantar la libertad vigilada? ¿La ha quebrantado El Rafita con los tres supuestos robos por los que ha sido detenido desde el verano? La libertad vigilada de los menores no es comparable con la libertad condicional de los adultos, según varios expertos. Rafa está, y debe estar, en la calle. Aunque por ahora sin control.

El fiscal jefe provincial de Madrid, Eduardo Esteban, explicó ayer que si un menor comete un delito leve durante la vigilancia "no se revoca y el menor no va a prisión". En cuanto a El Rafita, el fiscal dice que se trata de un adulto que tiene que responder a los delitos que cometa como cualquier otra persona.

Esteban comentó que la libertad condicional de un adulto supone que una persona cumple parte de la condena de prisión fuera y si la quebranta vuelve a la cárcel. En cambio, un menor ya ha cumplido su periodo de internamiento y está libre. Ése es el caso de Rafael.

El fiscal del Tribunal Supremo y ex fiscal de Menores de Madrid, Félix Pantoja, pone algunos matices. Para Pantoja, el juez que impuso la libertad a El Rafita, dependiendo de las medidas que le impusiera en su día, es quien tiene que decidir si lo que ha cometido puede constituir un delito de desobediencia o una falta.

Xavier Etxebarria, profesor de Derecho Penal y ex responsable de Justicia Juvenil del Gobierno vasco, añade que, en casos de menores, la última palabra la tiene el juez, aunque "en líneas generales" delinquir supone quebrantar la libertad vigilada y puede acarrear medidas más duras para el infractor.

Pero nadie controla la libertad vigilada de El Rafita. Instituciones Penitenciarias se reunirá "en los próximos días" con representantes de la Comunidad de Madrid y de estamentos judiciales (Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía de Menores) para aclarar quién y cómo controlar los últimos meses de la medida, que acaba el próximo junio. La libertad vigilada de Rafael Fernández la estableció el juez y, en su caso, ha supuesto medidas como residir varios meses en Andalucía o a intentar buscar una salida laboral, entre otros requisitos.

El desacuerdo entre administraciones, que propició que ni la Comunidad de Madrid ni Instituciones Penitenciarias supervisara a El Rafita al menos desde noviembre, parte precisamente del concepto de libertad vigilada. La sentencia que condenó a Rafa Fernández por participar con 14 años en el asesinato de Sandra Palo establecía cuatro años de internamiento y tres de libertad vigilada, que empezó a cumplir cuando ya era mayor de edad. Es una figura que aparece en la Ley del Menor, que recoge que deben controlar las comunidades autónomas.

Pero, el pasado septiembre, la Comunidad pidió el traspaso a Instituciones Penitenciarias, después de que El Rafita abandonara Andalucía. Un auto judicial de noviembre abría la posibilidad al traslado de expediente que pedía Madrid. Instituciones Penitenciarias reclamó información sobre cómo traducir el concepto de libertad vigilada, que afecta a menores, al Código Penal que rige a los adultos. Instituciones dice que es la primera vez que les llega un caso similar. La Comunidad asegura que es el octavo.