Educación fiscaliza el horario de los alumnos que no cursan Religión

Una buena parte de los inspectores del cuerpo de funcionarios de la Consejería de Educación denuncia "la utilización de la inspección para intervenciones poco técnicas y con una carga política ideológica sin fundamento normativo consistente". El motivo: las instrucciones recibidas para fiscalizar lo que hacen los centros y los alumnos de Bachillerato en las dos horas semanales que no dan Religión.

Vicente Díaz, presidente de la asociación profesional de inspectores Adide del País Valenciano ha confirmado a EL PAÍS que la secretaria autonómica, Concha Gómez, a través de la Dirección General de Personal, dio instrucciones verbales antes de Navidad para que se fiscalizaran las horas de "atención educativa" que se imparten en el horario alternativo a la Religión en los institutos públicos de Bachillerato. Gómez también pidió saber qué profesores se ocupan de la tarea, y si ésta se corresponde con el proyecto de centro. Algo que ni el decreto valenciano ni el estatal recogen para esta etapa educativa y contradice las instrucciones de inicio de curso, sostiene Díaz. El modelo de atención educativa rige para los menores de 16 años, pero no para los bachilleres, que rozan los 18.

Las instrucciones dadas por Gómez siguen en su literalidad el requerimiento que le remitió el arzobispado el 30 de octubre.

Adide cuestiona su "dudoso fundamento legal" y "rechaza el uso político de la inspección a requerimiento de una parte", en este caso la Iglesia. Se trata de una carta del presidente de la comisión de Enseñanza y Educación Católica del Arzobispado de Valencia, Rafael Cerdá, que (como reveló la diputada autonómica de Compromís Mònica Oltra) indexaba una "lista negra" de institutos en los que se daba una "situación irregular de la Religión": en unos casos "se da fuera del horario lectivo" y "en otros, los alumnos que no tienen Religión se van a su casa".

Díaz compara la "debilidad" de esta orden con la que pretendió obligar a traducir al inglés Educación para la Ciudadanía. "Las administraciones no pueden dictar órdenes o legislar por capricho", afirma, recordando la sentencia que tumbó las pretensiones de Font de Mora y del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Oltra acusa al Consell de "usar la inspección para habilitar un cuerpo inquisitorial, en el sentido de controlar la mente de los alumnos". Ana Noguera, portavoz socialista de Educación, lo considera "otra vuelta de tuerca de politización y adoctrinamiento del sistema educativo".