España aprieta a Portugal para que entregue a dos etarras

España intensifica la presión ante la previsible demora de la entrega de los dos presuntos etarras detenidos en Portugal el 9 de enero. Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, estuvo el lunes y martes en Lisboa para hablar de este asunto con el procurador (fiscal) general de la República, Fernando Pinto Monteiro. También están en Portugal agentes antiterroristas de la Guardia Civil, que colaboran en las investigaciones de la Policía Judicial (PJ) tras la detención de Iratxe Yáñez Ortiz de Barrón, de 29 años, y Garikoitz García Arrieta, de 32, tras ser interceptados por la Guardia Civil cuando trasladaban una camioneta con explosivos. Ahora el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido a su homólogo portugués, Rui Pereira, que agilice "al máximo" los trámites para la entrega.

La presunta terrorista declaró que tiene un novio en Coimbra

En el Gobierno español no ha sentado nada bien el plazo de 20 días concedido por el Tribunal de Apelaciones de Lisboa a la defensa de los presuntos etarras para la preparación de las alegaciones. Cada día que pasa cunde el ánimo de que el tema va largo.

La unidad antiterrorista de la PJ contempla distintos escenarios posibles en su investigación sobre la presencia de ETA en territorio luso, como instalar una base logística, hacer acopio de explosivos en las canteras del Norte de Portugal o, simplemente, utilizar el territorio portugués como ruta de tránsito. Fuentes policiales admiten que el escaso control de los explosivos en las canteras, cuyo consumo sólo queda registrado en un libro de cada empresa, refuerza la tesis de que ETA podría dirigir su atención hacia explotaciones mineras lusas.

Según el semanario Expresso, Iratxe Yáñez declaró a la policía que se dirigía a Coimbra, donde le esperaba su novio, estudiante en el segundo distrito universitario portugués. Un dato que, de confirmarse, indicaría que la presunta etarra está bastante familiarizada con Portugal. Los investigadores hurgan en el ordenador portátil que llevaba Yáñez, para descifrar las relaciones de ETA con Portugal. "Cuando supe de qué material se trataba tuve claro que era para crear una base de ETA, transitoria o no, en Portugal", dice José Manuel Anes, presidente in péctore del Observatorio de Seguridad, Crimen organizado y Terrorismo, con 20 años en la PJ a sus espaldas. "Aquí hay gente que tiene que ser investigada", insiste, y para empezar señala a los pequeños círculos de solidaridad con los detenidos y presos de ETA, como la Asociación de Solidaridad con Euskal Herria.

Mientras, José Galamba, abogado de los dos presuntos etarras, prepara su estrategia para evitar la entrega a España. Tratará de convencer al Tribunal de Apelaciones de Lisboa de que las garantías individuales de sus clientes estarán en peligro si caen en manos de la policía española, y que los delitos de colaboración con banda armada y tenencia de explosivos y armas, entre otros, pueden ser juzgados en Portugal. Es poco probable que el juez atienda los razonamientos de la defensa, pero Galamba está dispuesto a recurrir ante el Tribunal Supremo y hasta el Constitucional.

Galamba es también el abogado de José Luis Telletxea, presunto etarra detenido en Portugal en 1996. España pidió la extradición, que fue rechazada por Portugal en un largo proceso que llegó hasta el Tribunal Supremo. Posteriormente, el Servicio de Extranjería del Ministerio portugués de Administración Interna pidió la expulsión de Telletxea, por carecer de documentación que, supuestamente, perdió en un robo. El caso llegó al Tribunal Supremo Administrativo, que el 5 de febrero de 2003 falló a favor de la concesión de la residencia. "Para la Administración Telletxea es como un Ovni, no existe, pero ante los tribunales sí", añade. La paradoja es que Telletxea vive en Portugal, tiene una hija, trabaja por cuenta propia, pero carece de permiso de residencia. No puede salir del país, al menos legalmente.

Galamba está dispuesto a reavivar el caso Telletxea, pero hoy Portugal tiene la ley 65/2003, adaptación de la orden europea de detención, que sustituye anteriores disposiciones en materia de extradición y acelera la entrega de presuntos terroristas entre Estados de la UE. Portugal afronta el desafío de aplicar por primera vez la nueva normativa.