La Sindicatura rechaza el patrocinio público de actividades privadas

"El patrocinio está pensado para el sector privado, pero todas las administraciones usan contratos de patrocinio para tapar ayudas privadas". Robert Cortell, letrado jefe de la Sindicatura de Comptes, expuso ayer "cinco ambigüedades, entre otras tantas posibles" que afectan a la concesión de subvenciones públicas en España y la Comunidad Valenciana, en particular.

Cortell participó en una mesa redonda organizada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre La gestión de las subvenciones en el ámbito de la Generalitat. El letrado jefe de la Sindicatura alertó sobre la imposibilidad de estimar el coste de la contraprestación pagada con fondos públicos en los contratos de patrocinio.

"Hay lagunas, vacíos normativos, un deseo de no regular"

"Nadie tiene ni idea de que son de aplicación las normas europeas"

Recordó que las subvenciones públicas las deben conceder las administraciones públicas, las que tienen la potestad administrativa para ello. "Una sociedad pública no debe dar subvenciones", dijo, "pero si las da, que se le aplique la ley".

El último informe de la Sindicatura de Comptes relativo al ejercicio 2008 saca a relucir contratos de patrocinio firmados por los responsables de cinco sociedades públicas: Ràdio Televisió Valenciana, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ciudad de la Luz, Agencia Valenciana de Turismo y Aeropuerto de Castellón.

Cortell calificó como "preocupante" el mal uso de la subvención directa, la que se concede sin publicidad ni concurrencia a través de la ley de presupuestos de la Generalitat. El DOCV del 27 de febrero de 2009 ilustra una serie de modificaciones de diversas subvenciones directas que cambian de destinatario por acuerdo del Consell, en algunos casos, o mediante una resolución que firma el consejero de Hacienda. "La modificación no requiere siquiera un informe", alertó el letrado jefe de la Sindicatura de Comptes.

El silencio se extendió entre los funcionarios que seguían la intervención de Cortell cuando comentó que la ley "exige responsabilidad contable" únicamente al destinatario de la subvención. El letrado apuntó que, en rigor, "el régimen de responsabilidad contable afecta también al que concede la subvención", funcionario, empresa o fundación.

Cortell cerró con una alusión a la proliferación de fundaciones públicas de ámbito autonómico, "que parece que pueden hacer lo que quieran". El letrado de la Sindicatura sentenció que las fundaciones "no pueden tener competencias ni potestades administrativas".

Pablo Collado, abogado de la Generalitat y jefe del servicio de documentación del CJC, abrió la mesa y puso en valor la subvención, "una técnica" que se utiliza para distribuir "un tercio del presupuesto de la Generalitat", las cantidades consignadas en los capítulos de transferencias corrientes y transferencias de capital, 4.900 millones de euros en 2009. Y alertó sobre "los vacíos normativos, lagunas o el deseo de no regular" al respecto.

El letrado jefe de la Sindicatura de Comptes presentó la auténtica dimensión del problema minutos después: "Como todo es opinable y no hay claridad, la Administración considera que con argumentar su opinión salva cualquier escollo legal". Un mero informe administrativo avala cualquier subvención.

Capítulo aparte merece la adecuación a las normas europeas. Manuel Rosalén, técnico de la Consejería de Hacienda y redactor del primer decreto para ajustar las subvenciones públicas a las exigencias de la Unión Europea, recordó que "el Tratado de la Unión es de aplicación desde 1985" en lo relativo a la libre competencia pero concedió que "nadie parece tener ni idea" al respecto en toda la Administración autonómica.

Rosalén recordó que "las ayudas a empresas son ilegales". Que "la Comisión Europea considera empresa cualquier entidad que gestiona una entidad económica", empresas públicas, privadas, fundaciones u ONG. Y que una ayuda es cualquier "ventaja económica", desde la desgravación fiscal a un alquiler barato.