PP y PSdeG exploran con la Lei do Solo el primer pacto de la legislatura

La brecha abierta con la Lei de Caixas o el decreto del gallego se puede cerrar con la Lei do Solo. La propuesta del Gobierno de Feijóo para reformar la normativa urbanística que promovió José Cuiña en 2002 va a suponer, con toda probabilidad, el primer gran acuerdo de la legislatura entre el PP y el PSdeG. Los socialistas han puesto duras condiciones para prestar su apoyo a la nueva normativa, pero la ley cuenta a su favor con las nuevas competencias en materia urbanística que transferirá a los gobiernos municipales. Y el PSdeG, con una fuerte implantación en los ayuntamientos, no está dispuesto a enfrentarse a su creciente poder local, por lo que acabará por prestar sus votos en el Parlamento.

El anteproyecto de ley de medidas urgentes de ordenación urbanística y del medio rural, que entró esta misma semana en el Parlamento, es fruto de una propuesta de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), presidida por un socialista, Carlos Fernández. El PSdeG, en todo caso, espera modificar durante el trámite parlamentario otros aspectos de la ley que no gustan en el grupo parlamentario, que es de la opinión de que el texto, más que prevenir la dispersión de la población, como sostiene el presidente de la Xunta, la va a fomentar.

El traslado de competencias a los alcaldes es objeto de controversia. Para el PSdeG, no es el principal inconveniente del anteproyecto, y el Partido Popular sostiene que la Xunta debe tratar a los ayuntamientos "como cómplices, y no como enemigos". El BNG, mientras, recuerda que los peores casos de corrupción urbanística en España se han producido en ayuntamientos, por lo que rechaza una ley que "consagra la barra libre". Las nuevas responsabilidades municipales provocan el recelo tanto de los ecologistas como de los promotores inmobiliarios. Los primeros, por considerar a los alcaldes "el eslabón más sensible a las presiones". Los promotores, mientras, reclaman a la Xunta que les tenga más en cuenta a ellos y menos a los alcaldes.No hace falta pasar del tercer párrafo para conocer una de las claves, para muchos la fundamental, de la reforma de la Ley del Suelo. Se trata, como recoge la exposición de motivos del anteproyecto, que esta misma semana entró en el Parlamento, de llevar a cabo "un mayor reconocimiento de la función y de la responsabilidad que le corresponde a la Administración local en la actividad urbanística". En definitiva: competencias para los ayuntamientos, el cumplimiento de una vieja aspiración de la federación que los aglutina, y un riesgo de incalculables consecuencias para los detractores. Entre ellos, el BNG, los ecologistas y hasta los propios promotores inmobiliarios, que recelan de un protagonismo municipal "excesivo". No así para los socialistas, que apoyarán la ley precisamente por influjo de sus alcaldes.

La futura Ley del Suelo, que se tramitará en la Cámara autonómica por el procedimiento de urgencia, será el primer gran proyecto relacionado con el territorio que apruebe el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, nueve meses después de tomar posesión. La arquitectura urbanística se completará con otros tres documentos postergados: las Directrices de Ordenación del Territorio, aplazadas por supuestos errores administrativos cometidos por el anterior Gobierno en su tramitación; el Plan del Litoral, cuyo horizonte también se retrasa a 2011, y una segunda reforma de la Ley del Suelo, que queda para la segunda mitad de la legislatura.

La actual modificación de la Ley del Suelo que sacó adelante José Cuiña en 2002 tiene por lo tanto el valor de una declaración de intenciones. Y las que contiene su exposición de motivos son claras. "Avanzar hacia una ordenación del suelo rústico más consecuente con la naturaleza del medio rural como medio productivo" es la primera de ellas. Transferir responsabilidad a los ayuntamientos, la segunda, y la tercera, aligerar los plazos de los planes urbanísticos. La justificación de la reforma la completa una "reconfiguración del concepto legal básico del núcleo rural", y ahí entra en juego la tan temida dispersión.

Pero las nuevas responsabilidades urbanísticas municipales constituyen la principal preocupación de dos sectores distantes, como son ecologistas y promotores. "Los alcaldes son el eslabón más sensible a las presiones", advierte Froilán Pallín, de la organización ecologista Adega. "Con el riesgo añadido de que los ingresos de los ayuntamientos dependen muy directamente de la concesión de licencias", continúa, con la siguiente conclusión: "Esto va a provocar inseguridad jurídica, incluso para los propios promotores".

Y en efecto, los promotores recelan de las nuevas competencias municipales. "Se pretende contar con los alcaldes yo creo que con exceso", alerta Javier Garrido, presidente de la principal asociación de promotores inmobiliarios de Galicia, Aproin. "Se debería contar más con la sociedad civil y con los propios promotores, y canalizar menos la comunicación a través de los ayuntamientos". En el plano político, mientras, las críticas de socialistas y nacionalistas llegan desde distintos planos. El BNG cree que esta nueva autonomía municipal es "un error gravísimo". "En nombre del municipalismo se está consagrando la barra libre", opina el portavoz parlamentario del Bloque, Carlos Aymerich, que recuerda que los peores casos de corrupción urbanística en España se han producido en los ayuntamientos.

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), presidida por el socialista Carlos Fernández, abraza con entusiasmo la reforma, arrastrando en su reivindicación del protagonismo municipal a un PSdeG fuerte en los ayuntamientos. "Ningún alcalde ha sido más sensible a la presión que esta Xunta de Feijóo; no creo que los gobiernos locales sean más fáciles de presionar", sostiene Mar Barcón, portavoz de urbanismo del Grupo Parlamentario Socialista. A las críticas responde el PP con una glosa al municipalismo. "Hay que cooperar con los ayuntamientos; son cómplices, y no enemigos, como creía el bipartito", tercia el diputado popular Román Rodríguez.

El decano del Colegio de Arquitectos de Galicia, Celestino Braña, explica cuál es en su opinión la clave del asunto. "Está bien traspasar competencias urbanísticas a los ayuntamientos, siempre que se les dote de los recursos necesarios para ejercerlas. Porque de lo contrario puede pasar de todo".

El otro caballo de batalla de la reforma de la ley es la dispersión. Cuando dio a conocer el borrador, el presidente Feijóo aludió a ella como uno de los objetivos a combatir con la nueva norma. Pero ahí, el PP está prácticamente solo. Oposición y ecologistas ven en la ley una relajación de las restricciones a la edificación en el rural, principalmente mediante la autorización de la construcción de nuevas viviendas en los entornos inmediatos de los núcleos rurales.

"Volvemos al todo vale", opina Mar Barcón, "al urbanismo que generó tantos problemas". Para el PSdeG, será "el tiro de gracia" a los avances del bipartito en materia de ordenación del territorio. "Caminamos hacia la vuelta al anarquismo y el caos urbanístico", le secunda Aymerich. Para los ecologistas de Adega, lo que persigue la reforma, la tercera desde que se aprobó la ley en 2002, es "favorecer la dispersión". "Con el coste que ello supone, porque después hay que llevar los servicios a esos nuevos desarrollos urbanos".

Lo que la ley hace es sustituir el criterio de distancia por el de densidad. Hasta ahora, los ayuntamientos podían promover planes urbanísticos delimitados por una distancia de 50 metros desde la última vivienda y en un área de expansión de 200 metros cuadrados. La Xunta aceptará los desarrollos urbanísticos siempre que la densidad supere un tercio del suelo que se incluya en el planeamiento. Como admite la secretaria de Ordenación del Territorio -y ex gerente municipal de Urbanismo de Sanxenxo-, Encarnación Rivas, el objetivo es el siguiente: "Flexibilizar el urbanismo en el rural, pero manteniendo el germen del núcleo". O, visto desde la perspectiva del partido socialista, "extender por toda Galicia el modelo de Sanxenxo".