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COLUMNA

Teoría y práctica del expolio

Entre la expropiación y el expolio hay una delicada línea que la dinámica del poder democrático ha de conjurarse a respetar siempre con mimo. Hablo de delicadeza y ya sé que no es una virtud del partido que gobierna las instituciones valencianas, ni de la alcaldesa de la capital, esa señora tan expansiva. El expolio, desde luego, puede afectar al patrimonio individual o al colectivo. Y la "dinámica expropiatoria/expoliadora que rige la evolución de las ciudades", como la describe mi admirado profesor Pérez Montiel, es bien habitual que incurra en los dos pecados al mismo tiempo. Suele ocurrir que los abusos sobre individuos se sumen para configurar un abuso de conjunto. Sin ir más lejos, 200 infelices vecinos de La Punta, apegados a su huerta y sus costumbres, fueron desalojados hace unos años de sus casas en nombre del interés público más perentorio para construir una Zona de Actividades Logísticas que acumula rastrojos junto al puerto que tanto la necesitaba. Con ellos, aquel enclave y su memoria lo hemos perdido los demás también.

Ahora, la palabra expolio centra la polémica sobre El Cabanyal. Expolio del patrimonio cultural, y por tanto colectivo, que el Gobierno de España ha ordenado impedir en ejercicio de la competencia extrema que la Constitución le reserva en esta materia. Un ejercicio obligado, además, por resolución judicial del Tribunal Supremo. Tenía que definirse y lo ha hecho el Ministerio de Cultura de la única manera honesta que podía: dando la orden de paralizar el plan que prevé prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de un barrio declarado bien de interés cultural, para replantearlo. Y la dama expansiva, que no puede perder nunca ni ceder ante nadie, y el presidente de los trajes regalados, perdido en la espiral de una política de ruido y sospechas, se han lanzado a clamar contra una "agresión", un "atropello" y un "desafío" a las instituciones valencianas. De un manotazo, han despojado al viejo barrio de pescadores de cualquier protección patrimonial y han convertido la figura de bien de interés cultural en un capricho de quita y pon sometido al humor, la estulticia o la demagogia de quienes eventualmente ocupen el poder.

Mientras la maquinaria expropiatoria/expoliadora, con métodos medievales, aprieta a los vecinos de El Cabanyal mediante amenazas de derribos, los dirigentes del PP, para justificar la arbitrariedad, ponen sobre la mesa sus mayorías electorales y echan al cubo de la basura las de los demás (¿acaso José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa con otra aritmética que no sea la de las urnas?). Sin duda, la restitución del equilibrio en este conflicto vendrá a través del procedimiento judicial. Otra cosa es la política valenciana, arrasada por una gente que se niega a entender que la mayoría electoral otorga la legitimidad de gobernar pero no da la razón, que las leyes ofrecen amparo ante el expolio, sea éste individual o colectivo, y que nadie tiene patente de corso, ahora y aquí.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de enero de 2010