Los asesinos de Polop usaron pistolas manipuladas poco fiables

La madeja del caso Polop empieza a deshacerse, y cada día trascienden algunos datos nuevos de la investigación del asesinato del alcalde, Alejandro Ponsoda.

La policía no ha localizado todavía el arma (o las armas) con las que se perpetró el crimen. Se sabe que el calibre de los tres casquillos de otros tantos disparos sobre el finado es el 762, un calibre muy extraño que se usa en pistolas modificadas y que tiene muy poca fiabilidad. De hecho, una de las hipótesis que barajan es que se utilizaron dos armas porque la primera falló. Sería la explicación a que uno de los tres disparos acabara en la puerta del coche de Ponsoda y otro en el cristal del acompañante. Lo cierto es que una de las pruebas testificales aportadas es la declaración de un ciudadano de origen árabe porque, supuestamente, habría sido el autor de la modificación y manipulación de las armas.

La acusación se basa en una pareja vinculada al club Mesalina

Varios tomos del sumario judicial tienen documentos urbanísticos

La principal base acusatoria que se deriva de los 21 tomos que recogen las diligencias previas del caso Polop se sustenta en los testimonios de uno de los detenidos y una pareja de testigos protegidos que habrían tenido relación con el club Mesalina, donde se urdió el asesinato del ex alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda.

El primer detenido, Raúl Montero Trevijo, que cumple una condena de seis años por otro caso de narcotráfico, es quien situó a la mayoría de los encarcelados en el lupanar de las afueras de Benidorm al que acudían con cierta asiduidad el ex alcalde Juan Cano y el empresario polopino del calzado Salvador García Ros. Pero este último mantiene una relación de amistad personal con uno de los dueños del Mesalina, Pedro H., también en prisión, y conocía por su condición de cliente habitual al gerente encarcelado, Ariel Alberto G., que además representaba a futbolistas.

Este narcotraficante, que supuestamente habría facilitado las armas para cometer el crimen, hizo dos declaraciones. La primera el 6 de noviembre y una posterior ampliatoria y voluntaria, 20 días después. En esta última trasladó a la juez, María Antonia Raedo, una descripción más detallada de las conexiones entre los detenidos. En ambos casos, Montero estuvo asesorado por un abogado del turno de oficio y algunas fuentes consideran que testificó "bajo presión".

Pero es de la declaración de un testigo protegido y su pareja de donde la investigación extrae conclusiones más exactas. Este testigo, que habría estado vinculado anteriormente al local de copas, explicó que le constaba una reunión en el reservado del club de alterne con Cano, el dueño, el gerente del local y el empresario del calzado para concretar el pago de 35.000 euros que quedaban por abonar por los servicios que habrían prestado dos sicarios checos que también están en la cárcel. Fuentes consultadas que conocen el sumario confirman que en su declaración, este testigo hace una exposición sin confirmar y concretar fechas y de carácter muy genérico.

El abogado de uno de los supuestos sicarios checos encarcelados, Alejandro Dapena, ha llegado a decir que "es una barbaridad mantener en situación de prisión a los detenidos" a la vista de "las endebles pruebas indiciarias que sólo se fundamentan en declaraciones incriminatorias". Otros letrados confirman que van a solicitar la realización de nuevas pruebas y es segura la entrada en el juzgado de instrucción número 2 de La Vila Joiosa de una lluvia de recursos a los autos de prisión comunicada y sin fianza decretados por la juez.

Que el móvil fue urbanístico lo demuestra que varios de los tomos de las diligencias recogen prácticamente todo el papeleo gestionado por Urbanismo de Polop. Allí está toda la documentación de los planes tramitados y otra de carácter ordinario.