Las prestaciones para atender a dependientes se duplicaron en un año
Las ayudas andaluzas suponen el 33% del total concedidas en España
El número de prestaciones para la atención a la dependencia creció el año pasado en 100.000, lo que supone más del doble de las 89.000 que había registradas en 2008. Cuando se cumplen tres años de la aprobación de la ley de dependencia, ya son 200.000 los andaluces que tienen reconocido el derecho a algún tipo de prestación. De ellos, 113.000 son grandes dependientes y 87.000, dependientes severos, según los datos aportados ayer por la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro.
De las 189.000 prestaciones actuales, el 53,6% están relacionadas con los servicios y el 46,4% con ayudas económicas para cuidados familiares. Navarro recalcó con satisfacción que este porcentaje de las ayudas a las familias es en Andalucía cuatro puntos inferior al de la media del país (que se sitúa en el 50%). "La ley hablaba de esta prestación como algo excepcional, pero también permite a las familias participar en la decisión de qué prestación es la más adecuada", recordó Navarro, quien admitió que a veces es difícil conciliar ambos criterios.
El 53,6% son ayudas para servicios y el 46,4%, para cuidados familiares
"Los profesionales deben ser los que decidan qué conviene a cada persona"
Con todo, la consejera cree que en la decisión final tiene que pesar, sobre todo, el criterio profesional. "Yo sigo pensando que deben ser los profesionales los que determinen qué tipo de servicio es el más adecuado a cada persona. Igual que no discutimos el diagnóstico de un médico no deberíamos discutir el de estos profesionales". Este consejo, en su opinión, está calando y de ahí que el porcentaje que suponen las ayudas económicas a las familias sobre el total de prestaciones se haya reducido.
Navarro llamó también la atención sobre el impacto de la ley en el empleo. La implantación del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía ha supuesto la contratación durante desde 2007 de 1.500 personas, entre las que se incluyen 536 destinadas a los servicios sociales comunitarios y 615 de los servicios de valoración de la consejería. En unos meses dramáticos para el empleo, la población ocupada en el sector servicios sociales (en su mayoría relacionada con el ámbito de la dependencia, según la consejera) creció el 33% (16.500 personas) entre el primer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2009. En ese mismo periodo, la población ocupada en este sector en España creció el 22%.
Respecto al servicio de ayuda a domicilio, alrededor de 11.000 profesionales se emplearon el año pasado para prestar ayuda a más de 32.000 dependientes. "Y hay que tener en cuenta que es un empleo de calidad, estable y no deslocalizable", apuntó satisfecha la consejera.
Aunque si de algo está orgullosa Navarro en la aplicación de la ley es al comparar los datos andaluces con los del resto del país. Las 189.000 prestaciones concedidas en la comunidad suponen el 33,8% del total de España, muy por encima del peso poblacional de la región. Como ejemplo, Navarro destacó que Andalucía tiene más beneficiarios de prestaciones que la suma de 11 comunidades autónomas: Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Extremadura, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Canarias y Baleares. Entre estas 11 suman 145.179 dependientes beneficiarios de las ayudas de la ley, más de 50.000 menos que Andalucía. También resulta llamativo que sólo en la provincia de Jaén (667.000 habitantes) se hayan concedido 20.000 prestaciones, casi las mismas que en toda la Comunidad de Madrid (667.000), que ha registrado 21.000.
Una de las razones de esta diferencia, aseguró Navarro, es que en Andalucía "no se adecuan las necesidades al presupuesto, sino al revés". En 2009, se presupuestaron 730 millones para dependencia, pero esta cifra se amplió a lo largo del ejercicio en 200 millones. Para 2010, la Junta ha reservado de entrada un 49% más que el año pasado.
NUEVOS CARGOS
El año ha empezado con relevo en la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. Julio Coca (en la imagen, de pie, junto a la consejera), hasta ahora director general de Personas con Discapacidad, tomó ayer posesión como secretario general para la Atención a la Diversidad. Le sustituye en su anterior cargo Gonzalo Rivas.
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