Los abogados critican a Aguirre por restringir la justicia gratuita

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, se quejó ayer de la "falta de aprecio" a la labor de los abogados por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y expresó su preocupación por las declaraciones de la presidenta, Esperanza Aguirre, y el consejero de Justicia, Francisco Granados, sobre la limitación de la justicia gratuita.

Aguirre manifestó el pasado 30 de diciembre que la Comunidad no puede aportar los 50 millones de euros de justicia gratuita que no estaban "previstos en las transferencias", y añadió que Madrid "no va a seguir alimentando un fraude y esta desnaturalización de la justicia gratuita".

Para Hernández Gil, estas declaraciones son "difíciles de valorar", pero ponen de manifiesto "la anteposición de criterios económicos a la tutela de los derechos de defensa y el acceso a la justicia gratuita de los ciudadanos más necesitados".

Hernández Gil protestó también por las intenciones de Granados de restringir la justicia gratuita en el ámbito laboral y precisó que es una ley estatal la que concede ese derecho a los trabajadores. "Esa reforma", insistió, "excede del ámbito competencial de la Comunidad". Afirmó también que las leyes procesales no permiten que cada recurso presentado por un abogado de oficio tenga que ir acompañado del mandato del cliente como pretende exigir el Gobierno regional.

Pero, sobre todo, criticó duramente la "mirada restrictiva" de la Comunidad de Madrid hacia la justicia de extranjeros y rechazó las afirmaciones de Aguirre de que haya que asumir todas las cuestiones que judicializa "cualquier inmigrante que aterriza en Barajas".

"Cuando se habla de extranjeros", siguió Hernández Gil, "hay que saber que la extranjería representa un 25% de la justicia gratuita en general y el acceso por Barajas es una cuarta parte de todo lo que afecta a extranjería, es decir, un dieciseisavo del total".

Según Hernández-Gil, la asistencia en Barajas está amparada legalmente y "desde el punto de vista económico ni siquiera está justificado restringir la justicia gratuita a un colectivo tan necesitado". Pero, además, no se puede hacer depender ese derecho de pedir "certificados imposibles de obtener del Inem o de la Agencia Tributaria" porque es contrario a principios constitucionales y al principio de igualdad, dijo.

El decano de los abogados subrayó que el Colegio ha puesto en marcha iniciativas "a su costa", como la instalación este verano en el aeropuerto de Barajas de un servicio de orientación jurídica para extranjeros, que no lo llevan "abogados del turno de oficio, sino abogados que paga el Colegio".

"Cuando alguno sugiere que los españoles están discriminados respecto a los extranjeros en el acceso a la justicia, yo le pediría que fueran al centro de internamiento de Aluche y vean los privilegios que tienen allí", concluyó.

No obstante, Hernández-Gil se mostró "dispuesto a colaborar para hacer desaparecer situaciones abusivas" que se producen, sobre todo en procesos relacionados con la seguridad vial.

Por otra parte, el decano dijo que el Colegio de Madrid mantiene en vigor la intención de querellarse contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura por la intervención de comunicaciones de varios abogados con sus clientes presos por la trama corrupta del Gürtel. El decano dijo que la querella se presentará "en el momento más adecuado".