La falta de rentabilidad frena la ZAL

La ZAL, la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia que costó un barrio, 70 hectáreas de huerta protegida y el desalojo de 300 vecinos, sigue quieta como un muerto 10 años después del derribo de la primera alquería. El proyecto ha superado todos los obstáculos del proceso administrativo, pero le queda por resolver un problema de otra naturaleza: la rentabilidad.

La Entidad Española Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Gobierno y titular de los terrenos, se resiste a venderlos por debajo de coste. Valencia Plataforma Intermodal (VPI), sociedad en la que están representados el puerto, la Generalitat y el Ayuntamiento, encargada de la comercialización, considera que los precios barajados por Sepes no encajan, por altos, en el mercado.

La sociedad estatal dueña del terreno se niega a venderlo por debajo de coste

Las negociaciones entre ambas no se detuvieron durante los muchos meses que han durado las trabas administrativas.

La última se salvó el martes, con la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la modificación del plan especial de la ZAL. Obligación impuesta por el Tribunal Supremo, que en junio estableció que al original (aprobado en 1999) le faltaba un informe de la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, que ha sido incluido ahora en la resolución.

Solucionado el trámite, Sepes espera que en las próximas semanas se efectúe la reparcelación de la zona para proceder a continuación a la inscripción en el Registro de la Propiedad, condición necesaria para vendérsela a VPI. Siempre que logren cerrar el precio.

Las empresas tienen un principio de acuerdo y confían en que sus consejos de administración concreten la operación en el primer trimestre de este año. Formalmente, Sepes depende del Ministerio de Vivienda y VPI (dado que el 90% de la sociedad está en manos de la Autoridad Portuaria de Valencia), del Ministerio de Fomento.

A pesar de ello, "siempre que hay alguien que vende y alguien que compra, se produce un conflicto de intereses", afirma Juan Antonio Delgado, director de VPI, "nosotros pedimos que se transfiera a un precio que sea gestionable de cara al mercado y que permita a Sepes absorber sus costes".

Si antes de abril se cierra el negocio, la ZAL, "un proceso complejísimo" según Delgado, estará en condiciones de echar a andar. Si no es así, se reforzará la impresión de proyecto maldito que lleva ganándose años. Empezando por la gran conflictividad social que despertó la destrucción de 700.000 metros cuadrados del sur de Valencia. Siguiendo por el tardío descubrimiento de que de ellos, 30.000 metros cuadrados eran propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (lo que exigió un largo trámite de desafección). Y terminando por la sentencia del Supremo. Sin contar con que para muchos empresarios del sector la ZAL se quedó pequeña antes de nacer.