Se cae de la ley el registro de todos los puestos de trabajo de los municipios

Una de las novedades del anteproyecto de Ley para la Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana era la creación de un registro de los puestos de trabajo existentes en las administraciones locales, similar al registro que recoge el catálogo de puestos de la propia Administración autonómica. Era uno de los aspectos que la consejera de Justicia y Administraciones Públicas Públicas, Paula Sánchez de León, pactó con los sindicatos mayoritarios en la negociación previa a redacción del texto legal. Sin embargo, en la versión de la ley que ha pasado por el Comité Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana, el registro ha desaparecido.

Los representantes de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores en el CES hicieron constar en el dictamen del organismo, el pasado mes de diciembre, su voto particular sobre este asunto. "Consideramos que este artículo", señalaron, "ha de mantenerse tal como estaba en el documento inicial acordado en la mesa de negociación". Y añadieron que la ley "ha de implicar una verdadera coordinación del conjunto de las administraciones públicas valencianas", ya que "precisamente reconoce la movilidad entre administraciones", una movilidad que "no puede ser efectiva sin un registro general que lo afirme con garantías".

Esquerra Unida quiere evitar que se devalúe lo pactado con los sindicatos

Fuentes sindicales atribuyen a la intervención de alcaldes y dirigentes locales y provinciales del PP el hecho de que el nuevo registro, que abría la puerta a una cierta transparencia de las plantillas de las administraciones locales, se haya caído del anteproyecto de ley.

Tampoco consiguieron CC OO y UGT introducir en el dictamen la exigencia del requisito lingüístico en la función pública, una cuestión que quedó excluida del pacto de la Generalitat con las principales centrales sindicales a propósito de la nueva regulación de los trabajadores públicos. Ese fue uno de los motivos que llevaron a la Intersindical Valenciana-STEPV a rechazar la firma de aquel acuerdo. Diversas organizaciones cívicas, políticas y culturales han reclamado que se exija a los empleados públicos el conocimiento obligatorio del valenciano.

Esquerra Unida ha señalado su interés en el próximo debate parlamentario de esta ley de la Función Pública. La coordinadora de este grupo, Marga Sanz, se encargará de ese debate, con la pretensión de que "el trámite parlamentario sirva para mejorar el texto pactado con los sindicatos, por ejemplo, con la introducción del requisito lingüístico para el acceso, pero en ningún caso para empeorarlo a través de autoenmiendas del PP fruto de presiones internas".