El Cabanyal, bajo la lupa de los expertos

El mandato del Tribunal Supremo al Ministerio de Cultura para que dictaminara si el plan de El Cabanyal supone un expolio al patrimonio histórico ha generado nuevos informes sobre la conflictiva decisión del Ayuntamiento de Valencia de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Los informes revisan los antecedentes jurídicos ya conocidos, y se pronuncian sobre el plan urbanístico y si es compatible o no con la preservación del espacio protegido por su singularidad artística e histórica.

El ministerio ha recabado nueve informes para responder a la exigencia del Supremo de analizar la denuncia de expolio de Salvem El Cabanyal. Su respuesta es que el proyecto destruiría la esencia del barrio protegido, por lo que lo suspende y exige que se modifique. El Consell ha reaccionado con un decreto ley que da vía libre al plan y los derribos en el BIC.

El autor del primer informe favorable calificó después el plan de "siniestro"

El primero de los informes que cita el ministerio es uno del Ayuntamiento. Encargado al arquitecto y profesor de Urbanismo de la Universidad Politécnica Vicente Colomer Sendra, el texto afirma que el proyecto aprobado en 2001 es técnicamente "de gran calidad" y que conjuga la "práctica habitual en la urbanística española contemporánea" de incluir en este tipo de planes la conservación de un entorno BIC y la reforma urbana. Para Colomer, el Ayuntamiento no contraviene la normativa de patrimonio y no altera con la prolongación a través del BIC el entramado protegido. Al contrario, el plan "mejora" las relaciones del barrio con el resto de la ciudad y es, de las alternativas estudiadas en su día, la "más adecuada para la conservación y revitalización" de la zona.

El plan afecta a una porción "mínima" del conjunto histórico y responde a un problema de "degradación urbana, arquitectónica, social y económica", destaca Colomer, que rechaza que implique un expolio.

El profesor tenía otra perspectiva sobre el problema en 2002, cuando dirigió una publicación del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y de la Generalitat en cuya edición digital dice que sobre el barrio "se cierne el siniestro proyecto" de la prolongación, que podría acabar "destruyéndolo por completo". Además, reclamaba la restauración de la Lonja de Pescadores, que será derribada, por pertenecer "a la memoria colectiva de los ciudadanos". Al respecto, Salvem El Cabanyal pide que Colomer, aclare las razones "técnicas" de lo que califica como "salto mortal".

En relación con la postura de la Consejería de Cultura ante el plan, que apoya la actuación urbanística, el dictamen ministerial considera "inexplicable" que tras aprobar el BIC aceptara la eliminación de seis manzanas del mismo, y que lo hiciera pese a un negativo "muy bien justificado" que ignoró.Otro de los informes ha sido remitido por el Colegio de Arquitectos de Valencia y recuerda las numerosas sentencias favorables al plan. Señala que, sobre esa base, no cabe discutir la legalidad del proyecto y hablar de expolio. Sin embargo, añade también que un concurso de ideas sobre la antigua aspiración de prolongar Blasco Ibáñez hasta el mar "habría ayudado a racionalizar" el debate y "hubiera posibilitado la valoración y análisis de un buen número de soluciones diferentes facilitando un mayor consenso social". La reducción a tres alternativas, de las que el Ayuntamiento escogió la actual, que derriba más de 450 inmuebles, "resulta errática y excesivamente simplista". Añade el colegio que el gobierno local actuó "en el ejercicio legítimo de su potestad discrecional de planeamiento", y que el plan es "de gran calidad" técnico-urbanística.

En sentido contrario se pronuncia la Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico del ministerio, para la que el Ayuntamiento "justifica la remodelación prácticamente total del barrio con una serie de argumentos que desvirtúan la filosofía que define El Cabanyal como BIC", reduciendo la singular trama urbana protegida a "un barrio de callejuelas y mal aireado". En la misma línea, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, considera "obvia la incompatibilidad" de prolongar la avenida y preservar el conjunto histórico, por lo que concluye que sólo cabe desechar el plan o "proceder al levantamiento de la protección del barrio". También rechaza el plan la Real Academia de la Historia, que afirma que "altera gravemente el BIC sin que se justifique en modo alguno su expolio". A la valoración negativa se suman, además, el Museo Nacional de Cerámica, el Ministerio de Vivienda, mientras que el comité español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios no realiza "un pronunciamiento expreso" del expolio, según el ministerio.

A partir de estos informes, el ministerio estima, entre otras cuestiones, que el plan, "lejos de encontrarse presidido por la finalidad de protección del conjunto histórico, tiene por objetivo fundamental otro tipo de fines" como "pueden ser el urbanístico, social o económico, cuya legitimidad si bien no se cuestiona, lo cierto es que pone en peligro la conservación de los valores que motivaron la protección" de El Cabanyal. La aspiración de prolongar Blasco Ibáñez "prima" sobre el resto de consideraciones, de modo que, en opinión del ministerio, las determinaciones del plan derivan en una alteración del conjunto histórico.