"Despropósito jurídico"

Las reacciones a la decisión del Consell no se hicieron esperar. La plataforma Salvem El Cabanyal calificó el decreto ley de "despropósito jurídico" y aseguró que no desafía al ministerio, sino al Tribunal Supremo, que fue el que exigió un dictamen sobre el expolio. Además, apuntó que el decreto ley "es absolutamente desproporcionado e inconstitucional" y no puede derogar la orden ministerial a la que la propia Generalitat y el Ayuntamiento aportaron informes. La asociación de vecinos de El Cabanyal, por su parte, criticó que Cotino culpara al ministerio de posibles retrasos en una rehabilitación que llevan esperando una década.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carmen Alborch, consideró un "despropósito que Camps y Barberá prefieran enfrentarse al Gobierno a recuperar El Cabanyal y poner fin al sufrimiento de los vecinos", y consideró el decreto ley "una maniobra" contra la legislación sobre patrimonio histórico. Horas antes de conocerse el decreto, el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, defendió la orden del ministerio como "valiente, responsable y sensata".

En sentido contrario, la alcaldesa, Rita Barberá, agradeció la "rápida respuesta" del Consell en defensa del plan municipal "ante la invasión del Gobierno central" y su "clara defensa de los intereses valencianos". El secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, aseguró que la paralización del plan es un "desprecio más" de los socialistas.

EU vio en el decreto un "abuso de poder" y aseguró que el Consell prevaricará si toca el BIC. Compromís, por boca de su portavoz, Enric Morera, denunció que está hecho "al más puro estilo dictatorial".