La gestión del litoral permite a Andalucía salvar chiringuitos

La fuerte polémica suscitada por el futuro de los chiringuitos en aplicación de la Ley de Costas ha quedado aplacada en Andalucía después de que la Junta declarara el martes que alrededor del 90% de los restaurantes de playa son "plenamente legales o susceptibles de legalización". La cifra la adelantó el consejero de Presidencia, Antonio Ávila, en una reunión con los representantes de la patronal del sector. Andalucía, donde existen unos 2.000 chiringuitos (800 de ellos sobre la arena), incluyó en la reforma de su Estatuto las competencias de gestión del litoral, algo que no hizo la Comunidad Valenciana.

El presidente de la Junta, Juan Antonio Griñán, solicitó en otoño al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el traspaso de las competencias. Y el Ejecutivo andaluz pretende cerrar los "aspectos técnicos" de esa transferencia para marzo. Los hosteleros valencianos han reclamado a la Generalitat que siga el mismo camino.

El Gobierno andaluz quiere acelerar el traspaso de competencias

Según el consejero de la Presidencia andaluz, sin embargo, el traspaso de las competencias no supondrá una aplicación distinta de la Ley de Costas, que es la que fija las condiciones para la ocupación de la franja costera y es la auténtica espada de Damocles para los dueños de los chiringuitos. "La ley dice lo que dice y no es interpretable (...) esto no va a cambiar aunque se lleve a cabo el proceso de transferencias", afirmó Ávila. El consejero admitió, no obstante, que el Gobierno andaluz, por cercanía, "tiene una visión diferente, no contraria, de la realidad de los empresarios".

Al contrario que en la mayor parte de la Comunidad Valenciana, donde los restaurantes han ido saliendo de la arena para ser reubicados en paseos marítimos (en Valencia por ejemplo), Andalucía sigue teniendo 800 merenderos directamente sobre la playa. Para poder ocupar el dominio público marítimo-terrestre, la Dirección General de Costas les tiene que otorgar una concesión, generalmente por 15 años. Muchos de estos permisos se encuentran a punto de expirar, y Costas pretendía que las instalaciones que más vulneraban la Ley de Costas fueran retiradas.

En el caso valenciano, los problemas tienen más que ver con el hecho de que los restaurantes superan la superficie a la que tienen derecho por la concesión (en Castellón un bar con permiso para ocupar 150 metros cuadrados llegó a alcanzar 1.000, transformado en discoteca). El Gobierno ha concedido una prórroga a los chiringuitos de Pinedo en tanto se retoman las negociaciones, mientras que los de la Malva-rosa tienen de tiempo hasta junio para adaptarse.