Una década de pleitos en El Cabanyal

La orden de paralización del plan de El Cabanyal por suponer un expolio del patrimonio histórico del barrio marinero de Valencia ha dado un giro al largo conflicto en torno a un proyecto que prevé derribar 450 edificios para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC). La decisión del Ministerio de Cultura llega tras una década de vaivenes judiciales que ahora retomarán la alcaldesa, Rita Barberá, y el Consell, que combatirán la orden en todos los tribunales posibles. Considera la alcaldesa que la orden ministerial es "arbitraria" y que va más allá de lo exigido por el Tribunal Supremo, que reclamó un dictamen sobre el posible expolio.

El Ayuntamiento y la Generalitat recurrirán la orden del Gobierno

La historia judicial del plan que ahora se centra en el concepto del expolio arranca con los primeros recursos de Salvem El Cabanyal y otras entidades contra el proyecto en 2001, y continuó al año siguiente con la paralización cautelar de las actuaciones en el BIC. Una suspensión que confirmó el Supremo y se mantuvo hasta que en octubre de 2004 el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) la levantó al aprobar el proyecto. Sin embargo, las excavadoras no entraron en el BIC -sí en otras zonas, con más sentencias de por medio- por los nuevos recursos ante el Supremo.

El alto tribunal no se pronunció sobre el asunto hasta marzo de 2008, cuando confirmó el visto bueno a la prolongación de Blasco Ibáñez. El Supremo analizó la denuncia de los afectados de que el plan implicaría un expolio al patrimonio. Según los magistrados, "el modo de proceder" del Ayuntamiento y la Generalitat "no tiene encaje en el concepto de expoliación" y las determinaciones del plan de El Cabanyal "se compartan o no", no pueden ser "tachadas de irracionales o arbitrarias". Una reflexión que destacó el martes Barberá. La sentencia, sin embargo, también dejó claro que el Estado tiene competencias en patrimonio, y singularmente sobre los casos de expolio. En ese contexto, el Supremo destacaba que no había "constancia de que haya habido denuncia ni procedimiento administrativo sobre una posible expoliación ni, por tanto, un pronunciamiento de la Administración estatal acerca de esta cuestión".

Ese dato era incorrecto. El Ministerio de Cultura había dictado una resolución al respecto en enero de 2001, y ésta había sido recurrida por Salvem El Cabanyal ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le dio la razón en septiembre de 2004 y la anuló.

El recurso contra esa sentencia estaba pendiente en el Supremo cuando bendijo el plan de El Cabanyal en 2008. Y eso obligó a la misma sección quinta de lo Contencioso-administrativo a volver sobre sus pasos en un nuevo fallo que en mayo de 2009 reabrió el caso. Los magistrados apuntaron que un año antes sólo habían dado respuesta al "alegato de expolio" genérico que los afectados aportaban a otros argumentos, y que ahora sabían "que existió denuncia por expolio". Entrando en el asunto, el Supremo se reafirmó en que el Estado es competente para abordar la cuestión y confirmó la anulación del dictamen emitido por el ministerio en 2001.

Aquella resolución no analizó los "amplios" informes negativos del caso aportados al expediente y se limitó a señalar que el plan cumplía la normativa valenciana de patrimonio y que no existía tutela superior del Estado. Para el Supremo, ese dictamen "no contiene (...) ninguna valoración que indique que han sido examinados los diferentes informes técnicos". Y, además, no existe en la resolución "un solo dato que denote el ejercicio de las atribuciones que corresponden al Estado en la defensa del patrimonio histórico frente a la expoliación".

El ministerio considera que con la orden de paralización del plan anunciada el lunes ha cumplido con esa exigencia del alto tribunal de pronunciarse sobre el expolio "en el ejercicio de su competencia". La Generalitat y el Ayuntamiento creen que debió limitarse a argumentar mejor la resolución anulada. Así lo defenderán en sus recursos, mientras también le discuten al Estado la competencia sobre patrimonio en el Constitucional. El plan de El Cabanyal seguirá así en los tribunales.