El colapso y la falta de medios del juzgado ralentiza el 'caso Polop'

La investigación judicial del asesinato del alcalde de Polop, Alenjadro Ponsoda, del PP, se ha atascado en el Juzgado de instrucción número 2 de La Vila Joiosa por diferentes razones. La más importante es la carga de trabajo que soporta la juez titular, María Antonia Raedo Santos, que acumula más de 2.500 asuntos pendientes. A la habitual queja de los jueces por la falta de medios para desarrollar su trabajo se sumó la entrada en este juzgado de la causa por el tiroteo de Alejandro Ponsoda, acaecido el 19 de octubre de 2007. Raedo mantiene la actividad judicial habitual, maneja la instrucción del caso Polop -que arrancó en noviembre de 2007- y sigue haciendo guardias, la última esta misma semana. Pero hay otras causas colaterales, como la falta de personal en el juzgado, de vacaciones durante el periodo navideño.

La investigación policial está en vía muerta desde hace un mes y medio

Esta situación forzó a la magistrada a pedir un juez de refuerzo para su sede al Tribunal Superior de Justicia -que atendió la petición- y así poder dedicarse casi en exclusiva a continuar con la instrucción de Polop. Fuentes próximas al caso consultadas por este periódico han confirmado que está previsto que se le asigne el refuerzo de forma inmediata.

Estas mismas fuentes han apuntado la posibilidad de que a partir de ese momento, la juez que lleva el caso fundamente el levantamiento del secreto del sumario, todavía vigente. El acceso al sumario llevará consigo que al menos tres abogados consultados de otros tantos detenidos por su supuesta participación en el crimen recurran el auto de prisión de sus defendidos, para lo que necesitan conocer tras el levantamiento del secreto de las actuaciones en qué pruebas se sostiene la acusación, lo que generará más actividad judicial.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomó el mando de la investigación policial nada más cometerse el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda. Los agentes

acumularon a lo largo de dos años prueba tras prueba y a principios del pasado mes de noviembre pusieron en escena el desenlace, aunque también en este caso con suma cautela hasta el punto de semejar un serial por entregas. El tres de noviembre se produjo el primer arresto, el de Raúl Montero un narcotraficante de La Vega Baja. En los días siguientes se sucedieron otras cinco detenciones (un empresario, el dueño y el encargado del prostíbulo donde se planeó el complot y dos pistoleros checos supuestos autores materiales del tiroteo).

El último arresto, el pasado 23 de noviembre fue el de Juan Cano, sustituto de Ponsoda en la alcaldía de Polop. Los siete están encarcelados por el asesinato de Ponsoda, pero de esto hace ya casi un mes y medio. Y el caso sigue abierto. Según ha podido saber este periódico, la policía ha repetido algunos interrogatorios durante las últimas semanas, entre otros a personas vinculadas a clubes de alterne de la zona, buscando nuevos indicios que hubieran podido surgir a raíz de las detenciones practicadas.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha trabajado en dos variantes del crimen. Por un lado la llamada unidad de personas de la UCO ha investigado el asesinato, mientras otra unidad se encargaba de la investigación del desarrollo urbanístico de Polop y del patrimonio del ex alcalde Juan Cano y su entorno, ya que desde el principio se sospechó que el móvil que guió a los criminales estuvo asociado a la actividad inmobiliaria.

De hecho, Juan Cano y su mujer constituyeron tres empresas, una de ellas con el objeto de convertirse en agente urbanizador, en el periodo administrativo de 2003 a 2007, cuando el todavía regidor polopino fue apartado por el PP de los puestos de salida en la lista electoral tras haber sido grabado por un empresario. Esa grabación está incorporada al sumario del caso y recoge un supuesto intento de extorsión por parte de Cano. Entre ambos manejaban 25 cuentas bancarias, en algunas de las cuales recibieron ingresos de hasta 220.000 euros de empresas con intereses urbanísticos en el municipio.

Los siete detenidos hasta ahora están vinculados al club Mesalina, en las afueras de Benidorm. Allí es donde se habría fraguado la contratación de dos sicarios checos, acusados de tirotear a Ponsoda, en varias reuniones de las que habrían participado o estarían al corriente uno de los dos propietarios del lupanar, el gerente, un portero, un delincuente habitual procesado por otra causa que habría proporcionado las armas y un empresario del calzado de Polop, cliente habitual del Mesalina. Pero oficialmente nada ha trascendido del móvil concretó del asesinato y quién apoyó crematísticamente la operación.

Otras fuentes de la investigación también han apuntado a la todavía no desvelada implicación de al menos otras dos personas de relevancia social en la comarca de La Marina Baixa, supuestamente implicadas en la financiación de un crimen que, a medida que avanza la investigación, se configura como una novela negra.