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Los cargos del PP escurren el bulto para ocultar su declaración de bienes

Los populares buscan excusas para no cumplir el código que impulsa Rajoy

Las medidas contra la corrupción propuestas por el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, para calmar las aguas movidas por los escándalos del caso Gürtel y las políticas urbanísticas van camino de quedar en agua de borrajas. En la Comunidad Valenciana, el Consell no ha puesto en marcha ninguna de las medidas para fortalecer los controles externos, ni para mejorar la transparencia en la gestión. Al contrario, el Grupo Popular rechazó a principios de diciembre la propuesta de dedicar un pleno monográfico en las Cortes Valencianas para hablar de "regeneración democrática, transparencia y medidas contra la corrupción". En su lugar, los populares propusieron una modificación del reglamento del Parlamento que permitiese publicar en el Boletín Oficial de las Cortes las declaraciones de bienes y actividades de los diputados.

Valencia no publicará los patrimonios si no hay pacto estatal

En Elche todos los ediles, excepto los del PP, tienen sus bienes en la web

Sin embargo, la única medida adoptada por el PP -que también votó la oposición en el pleno del pasado día 21- se ha encontrado con la resistencia de un nutrido grupo de cargos y diputados del PP que se oponen a que su menor o mayor fortuna sea conocida. Una resistencia que ha obligado a la dirección del PP a retrasar la publicación de los patrimonios de los diputados hasta el próximo mes de febrero y dará tiempo a los diputados a cambiar la declaración.

Una medida que socialistas, que todavía no han decidido si volver a publicar los patrimonios de sus diputados sin esperar a febrero, y Compromís han denunciado como una dilación más de los populares para evitar afrontar la cuestión de la transparencia.

El debate de cómo afrontar la corrupción se ha trasladado, aunque con menor intensidad, a los principales ayuntamientos valencianos.

En Valencia, el grupo de la socialista Carmen Alborch planteó el pasado martes a la alcaldesa Rita Barberá que se ampliasen las normas de 2005 y se mejorase la transparencia con el código contra la corrupción aprobado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que propone entre otras medidas la publicación de la declaración de bienes de los concejales. El PP supeditó la aplicación de ese código a que se acuerde un pacto estatal contra la corrupción. Conclusión: por ahora seguirá sin publicarse el patrimonio de los ediles y sin mejorarse los mecanismos de control de la Administración municipal.

El Ayuntamiento de Alicante, que preside la popular Sonia Castedo, ni siquiera se ha planteado el debate sobre el patrimonio personal de los concejales. Y eso que su antecesor, Luis Díaz Alperi, llegó con la nómina embargada y hoy se permite regalar relojes valorados en varios millones de las antiguas pesetas. Los socialistas tampoco han querido abordar esta cuestión.

La situación en la corporación alicantina contrasta con la de Elche. Allí, el PP, que está en la oposición, abrió el debate y exigió al alcalde socialista, Alejandro Soler, que mostrara sus bienes. "Nosotros aceptamos el reto, pero el PP se negó a publicar los suyos", dijo el primer edil, quien recordó que todos los concejales del gobierno municipal, y uno del PP, Emigdio Tormo -afín al presidente provincial, José Joaquín Ripoll, que rompió la disciplina de su grupo-, votaron a favor que publicar sus bienes. Así, desde el pasado mes de junio, el patrimonio de todos los ediles del PSPV, el del edil del PP Emigdio Tormo, y el de la concejal de Compromís Àngels Candela, se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Elche. De los 27 concejales del Ayuntamiento, 15 concejales se mostraron a favor de publicar estos datos, pero los del PP se negaron. La información que se publica hace referencia a sus propiedades, cuentas bancarias con el saldo, las deudas y las retribuciones que perciben por realizar su trabajo.

Por otro lado, el nuevo equipo de gobierno de Benidorm, que preside Agustín Navarro, que se dio de baja del PSOE antes de que le expulsaran por llegar a la alcaldía con una moción de censura apoyada por un tránsfuga del PP, aprobó un plan de transparencia municipal que obliga a los ediles del equipo de gobierno a publicar sus bienes. Una de las primeras personas en presentar públicamente su patrimonio el pasado 11 de diciembre fue la concejal de Cultura, Maite Iraola. La madre de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, admitió que tomó la decisión para acallar las informaciones que le atribuían áticos, terrenos y empresas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de enero de 2010