El libro de Juanito
El PP se despidió del agitado año 2009 (en su caso no ha sido un motivo menor la trama de corrupción político-mafiosa empotrada en sus organizaciones regionales de Valencia y Madrid) con la promulgación de un Código de Buenas Prácticas al que deberán ajustarse sus cargos públicos y responsables políticos. No es la primera vez que los populares bendicen un catecismo de ese tipo. Presionados por el reciente escándalo de financiación irregular del caso Naseiro y por el deseo de llegar al poder en la siguiente cita electoral, también publicaron en 1993 un Código Ético pronto caído en el desuso.
El artículo 6 de la Constitución de Cádiz de 1812 dictaba a todos los españoles la obligación de amar a la Patria y de ser justos y benéficos; más modestamente, el partido presidido por Mariano Rajoy se conforma con inculcar a los militantes del PP los valores que deben presidir "el digno ejercicio de la actividad política". Los principios generales y la carta de compromisos del nuevo documento adoctrinador -completados por los capítulos dedicados a los procedimientos de contratación del PP con sus proveedores y a la creación de un auditor de prácticas internas y a una comisión de seguimiento del Código- se hallan igualmente en la línea de bienintencionadas recomendaciones de la literatura pedagógica al estilo del Libro de Juanito.
El PP se despide de 2009 con un Código de Buenas Prácticas para sus cargos públicos y responsables políticos
Aunque a la luz de pasadas experiencias quepa la sospecha de que este Código de Buenas Prácticas sea únicamente un homenaje del vicio a la virtud, a nadie daña que la dirección del PP recuerde a sus afiliados el deber ser de la política democrática. Resulta probable, sin embargo, que los miembros de las redes mafiosas -al estilo de la trama Gürtel- simbióticamente enmadradas en el PP se habrán relamido los labios de gula y chupado golosamente los dedos al saborear la inocencia de las exhortaciones a la honradez y la insuficiencia de las cautelas y de las sanciones para frenar a esos profesionales de la corrupción. La impunidad política del presidente de la Generalitat Valenciana y de la Diputación Provincial de Castellón es un precedente de mal augurio para los buenos propósitos de regeneración.
Se echa de menos en el Código alguna alusión a la financiación ilegal de los partidos, la cabeza de la tenia de la corrupción política que se reproduce a través de las recalificaciones de terrenos, las licencias de obras y los concursos públicos de los municipios y comunidades controlados con mayoría absoluta por el PP (o por otros partidos). Cabe esperar, por lo demás, que el llamamiento a la reducción de los gastos de protocolo y de publicidad tenga una aplicación inmediata en lo que respecta a las inauguraciones, primeras piedras, verbenas, procesiones, actos de caridad y visiteos varios que tanto han prodigado durante sus mandatos Esperanza Aguirre y Francisco Camps como presidentes autonómicos de Madrid y Valencia en beneficio último de la trama Gürtel encargada de preparar los festejos.
