La confianza cotiza

Los españoles despedimos este año con poca confianza en el próximo. Los estados de ánimo de consumidores y empresas no encuentran estímulos en los indicadores económicos contemporáneos, ni en el posible aprovechamiento de la recuperación de las principales economías. Los resultados de la reciente encuesta de Metroscopia para la Fundación Ortega y Gasset, entre empresas de más de 10 empleados, dejan lugar a pocas dudas: solo un 6% cree que está cerca el final de la crisis española. La respuesta es mucho más esperanzadora en relación a la economía mundial: el 61% confía en una recuperación inmediata.

En esas expectativas también influye el debilitamiento de la confianza que los agentes económicos tienen en las instituciones, en especial las consideradas más próximas a la gestión de la crisis: el Gobierno y los partidos políticos. Mucho me temo que si se hubiera ampliado unos días el periodo de entrevistas, hasta incorporar las reacciones al fracaso de la reciente "Conferencia de Presidentes", se habría superado esa proporción del 76% de los empresarios que valora muy negativamente la actuación de los líderes políticos españoles.

El 61% de los encuestados confía en la rápida recuperación mundial y el 6% cree que el final de la crisis española está cerca

Más allá de esos circunstanciales indicadores subjetivos es inquietante el grado de decepción, de falta de credibilidad de las instituciones que la prolongación de la crisis puede poner de manifiesto. Si en el origen de la crisis los bancos, los supervisores o los propios mercados fueron algunas de las instituciones que cayeron de los pedestales en todo el mundo, ahora son también los Gobiernos los que pueden ser objeto de la desafección. Uno de los determinantes de la prosperidad de las naciones, el denominado "capital social", integrado por la confianza de los agentes y la capacidad de cooperación entre individuos e instituciones, se ha debilitado en las principales economías. En nuestro caso, su erosión se está poniendo de manifiesto en la dificultad para llegar a acuerdos con el fin de normalizar la actividad crediticia y definir una estrategia de saneamiento de las finanzas públicas.

Es sabido que la estabilidad del sistema bancario es una condición necesaria para que se consolide la recuperación económica en España. La mitad de la actividad de ese sistema (algo más si pensamos en los activos y pasivos financieros de las familias y de las pequeñas y medianas empresas) son cajas de ahorros. La reestructuración del censo (hoy integrado por 45 entidades) facilitaría esa normalización de los flujos crediticios. La proximidad a lo que podría considerarse una estructura óptima de ese subsector requiere de la voluntad y buen hacer de algunas instituciones, en particular de los Gobiernos de las comunidades autónomas. Son los mismos que, junto al Gobierno central, han de convenir en la definición de un horizonte de reducción de los déficit públicos. Ése estaría si los agentes económicos, españoles y extranjeros, verificaran que disponemos de las habilidades políticas que el momento y la recuperación de la inversión requieren: capacidad de concertación, de fortalecimiento de la confianza, en definitiva.