El PP presiona para reabrir los PAI de Parcent

Aunque parezca insólito, Parcent sigue sin conocer la paz. El dictamen de la Consejería de Territorio que el 6 de noviembre rechazó la construcción de tres PAI, aceptando así las demandas de los vecinos que consideran insostenibles las 1.800 nuevas viviendas, no ha cerrado las heridas: ahora son los partidarios de esos macroproyectos los que se están movilizando jaleados por la oposición del PP, que en la pasada legislatura impulsó las nuevas edificaciones y que mantiene lazos familiares con representantes de algunas de las promotoras.

Al PP y a sus seguidores no parecen importarles ni la negativa de Europa (que puso los PAI como ejemplo de la insostenibilidad en el litoral valenciano dando así origen a la famosa doctrina Parcent), ni de la Generalitat, ni de la CHJ, ni del Síndic, instituciones que han rechazado los PAI porque no hay agua suficiente y porque hubieran acabado con suelo forestal de gran valor.

Los vecinos critican que se construyera tanto en la costa y no en el interior

En cambio, los populares siguen defendiendo la filosofía del hormigón para el interior de La Marina Alta a pesar de la crisis que sacude al sector y de la polémica surgida en los últimos días después de conocerse que en la cercana Llíber un alcalde del PP abrazara con tal ímpetu la expansión urbanística que autorizó entre 1999 y 2003 unas 300 viviendas en suelo rústico, lo que le ha costado ahora que una juez le haya enviado a prisión.

Así, la crispación ha vuelto a adueñarse de Parcent (1.060 habitantes) que hubiera quintuplicado su población si los planes ahora paralizados se hubieran ejecutado. Entre otras cosas, porque el PP tiene sus seguidores: "Nadie de fuera debe decirle a un municipio soberano lo que tiene que hacer y en esos PAI está la prosperidad" dice José, quien no entiende los motivos por los que se permitió durante años construir en la costa y en cambio no se deja ahora en el interior.

En uno de los últimos plenos, los populares defendieron los PAI con una auténtica demostración de fuerza al abarrotar parte de la sala, aunque menos numerosos que los miembros de Veïns de Parcent movilizados contra los proyectos, y con representantes de las promotoras que abuchearon a los concejales de Coalició Democràtica, a los que llamaron "corruptos" y a los que exigieron su dimisión al estar imputados en un juzgado de Dénia por bloquear los planes tras una denuncia de una de las constructoras.

Sin ninguna timidez, el PP demostró en esa sesión sus intereses familiares en los PAI: entre el público se encontraba Román Reig, que no es sólo hermano del concejal del PP Ismael Reig, sino que fue apoderado de la promotora de uno de los PAI, el del Replà, y quien dijo al equipo de gobierno: "Ya nos veremos las caras". O el hijo de Ismael Reig, Francesc Reig, quien simplemente llamó "cabrones" a los ediles de CDP. Y mientras su hermano y su hijo nutrían las filas hostiles al gobierno local, el edil popular Ismael Reig desgranó los argumentos de su partido: advirtió de que la anulación de los PAI obligará al consistorio a pagar "indemnizaciones millonarias a las promotoras por la infravaloración de los terrenos" y exigió que el Ayuntamiento recurra contra Territorio.

El portavoz del gobierno local, Joan Carles Poquet, contestó a Reig que "no se puede indemnizar a nadie por expectativas especulativas".