Una depuradora a la puerta de casa

En las parroquias de Laraño y Villestro, acompañando el cauce del río Sar, hay dos asociaciones de vecinos y un plataforma de 150 afectados que se oponen a la ubicación de la nueva depuradora de Santiago. La Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite su recurso contencioso-administrativo contra la declaración de impacto ambiental del anteproyecto. "No estamos dispuestos a admitir que se utilicen argumentos falsos para construir la instalación a pocos metros de nuestras casas, cuando alternativas que no provocan afección alguna ni siquiera han sido contempladas", dicen. Y avisan que el objetivo es impugnar el proyecto que promueve el Ministerio de Medio Ambiente, amparado por el Ayuntamiento.

"En 2.000 metros tiene que haber casas, pedimos una distancia razonable"

Las declaraciones de la ministra contradicen los informes técnicos

"Siete viviendas unifamiliares quedarían pegadas a ella", dice Conchi Garabal, vecina de Laraño. "Si tenían previsto hacerla allí, ¿cómo es que muchas de esas casas tienen licencia de edificación reciente?". Por ubicación, la depuradora actual -inaugurada en 1982, ampliada en los 90 y desodorizada cerca del siglo XXI- está en Silvouta (Villestro). Ahora se ubicaría casi enfrente pero al otro lado del río, en Laraño, en una superficie expropiable de casi 100.000 metros cuadrados. "Los afectados de ahora seguirán igual, pero es que en un radio de 500 metros viven más de 100 personas", critican.

El recurso de los afectados acusa a los promotores de "falsear" el entorno para ocultar la presencia cercana de viviendas, con una ortofoto [imagen aérea con características de plano] sin actualizar. También hablan de "magnitudes falseadas" para referirse a los movimientos de tierra que supondrá la obra, y subrayan las contradicciones con respecto al sistema de depuración elegido. Tanto en el anteproyecto como en la declaración de impacto aprobada, se opta por una depuradora de fangos residuales -sistema actual-, "mientras la tecnología de membranas, que ocuparía la mitad y causaría menos molestias por estar cubierta, se desecha por razones económicas".

El caso es que la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, acompañada del alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, aseguró en octubre que la tecnología de membranas era la elegida. "Cualquier cambio en el sistema de tratamiento convertiría en nula la declaración de impacto ambiental", advierten desde la plataforma. En su consideración, obligaría a los promotores a empezar de cero. Además, el recurso añade que el proyecto incumple el reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas (Raminp) en lo que respecta a la distancia mínima (2.000 metros) a núcleos habitados.

Alternativas había, según los vecinos. El lugar que ellos proponían está en la zona de O Pego, río abajo. "La Confederación Hidrográfica dice que ese suelo no reúne los requisitos, pero por allí no fueron", lamenta la portavoz de la plataforma, María José Conde. "Nosotros sí, de hecho pagamos un estudio técnico que dice lo contrario. Que no haya casas en 2.000 metros es mucho pedir aquí, sólo queremos que la distancia sea aceptable". En el anteproyecto sólo se mencionaba el emplazamiento que ahora se propone y otro espacio compartido con Ames, pero su ayuntamiento lo rechazó vía alegaciones.

La edil de Medio Ambiente de Santiago, Elvira Cienfuegos, dice entender la "razonable preocupación" de los vecinos, e insiste en la "validez" del compromiso ministerial. "Fue una sorpresa que no apareciese una referencia a la tecnología de membranas en la declaración de impacto ambiental", señala. Para la Confederación Hidrográfica -que paga el 85% de la obra-, las contradicciones son más amplias: "Reconocemos que el cambio de ubicación no supone una solución al problema de proximidad de las viviendas, pero las alternativas tienen el mismo problema". Niegan haber falseado datos y dicen tener previsto "sacar a licitación una solución" que recoja las dos técnicas de tratamiento, "para después elegir la que responda mejor". Sobre el papel, la diferencia entre una y otra era de 30 millones, pero la Confederación Hidrodráfica asegura que el coste de ambas "es de 56 millones".

El Gobierno admite que no se cumple el reglamento de la distancia mínima "porque el Raminp está derogado en Galicia". El recurso de los vecinos lo pone en duda. Los afectados alegan que los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto que derogó el Raminp deben respetar este reglamento.