Fertiberia tendrá que prescindir de 200 empleados en sólo un año

La decisión de la Audiencia Nacional sobre el cese de vertidos de fosfoyesos por parte de la empresa Fertiberia para antes del 31 de diciembre de 2010 ha echado por tierra el acuerdo que la Junta de Andalucía, la compañía y los sindicatos habían negociado durante meses y había sido aprobado el pasado octubre. La fábrica de abonos -situada en el Polo Químico de Huelva y con una plantilla de 350 trabajadores- debe reducir en dos años la salida de casi 200 trabajadores, prevista en la hoja de ruta de una forma paulatina hasta 2012. Además, debe aportar un aval de 21,9 millones de euros para la regeneración de los terrenos contaminados. El auto de ejecución de sentencia notificado el pasado viernes obliga a las partes a renegociar.

UGT: "El auto pone en peligro la ejecución del plan de empleo"

La Junta de Andalucía, sin embargo, se mostró ayer optimista. El portavoz del Gobierno regional, Manuel Pérez Yruela, sostuvo que el auto judicial supone tan sólo "anticipar" los trabajos, algo que "técnicamente es posible". Según la opinión de Pérez Yruela, la Junta "sigue contemplando como válido el plan que se planteó entre la empresa y el Ministerio de Medio Ambiente, de forma que no se altera para nada la hoja de ruta para la solución del problema".

La empresa, los trabajadores y los sindicatos discreparon ayer. Roberto Ibáñez, director de Fertiberia en Huelva, no entró en valoraciones sobre las palabras de Pérez Yruela, pero señaló que es "de lógica" que, a partir de la decisión de los jueces, "todo cambia radicalmente" para la factoría onubense. "Se hizo un planteamiento para tres años y, de repente, es para uno", criticó Ibáñez, quien, sin embargo, ve una pequeña esperanza en el recurso del auto que su empresa tiene previsto presentar en los próximos días.

Fertiberia, según su director, sólo se plantea ahora "pelear por el recurso y tranquilizar a los trabajadores". Los representantes sindicales y la plantilla se mostraron más beligerantes y anunciaron movilizaciones. Luciano Gómez, secretario general de FIA-UGT de Huelva, explicó que "los empleados cercanos a la edad de jubilación, perderán un 16% del salario ya que cada año que falta supone una penalización de un 8%".

Los trabajadores temen por su futuro y se declaran "los más perjudicados" de todo este asunto. Manuel Rivero, presidente del comité de empresa, desmenuzó otro de los perjuicios que van a sufrir: "Tendremos que irnos dos años más jóvenes y Fertiberia no afrontará económicamente ese tiempo, como se estipulaba en el plan global. Muchos tendrían 58 años en 2012, casi la edad de prejubilación. Ahora tendrán 56, con lo que la empresa tendría que costear a unas 160 personas durante tres años sin trabajar".

Para afrontar la nueva situación, Rivero insinuó que Fertiberia no tendrá suficiente con los 10 millones de euros anunciados en la rúbrica del plan global. El representante nacional de UGT en la empresa, Gregorio Falero, resumió las nuevas circunstancias: "El auto pone en peligro la ejecución del acuerdo que tanto trabajo nos costó decidir. De eso no hay duda. Lo basamos en las normas que el mismo Medio Ambiente nos pidió, pero ahora no habrá plazo suficiente ni para ejecutar las inversiones ni para que continúe la parte que no genera vertidos". La empresa Fertiberia, propiedad del grupo Villar Mir, acumula, según datos del CSIC, 70 millones de toneladas de fosfoyesos en unas 1.200 hectáreas de marisma, junto a la ciudad de Huelva.

Por su parte, la asociación Mesa de la Ría, que lleva años luchando contra los vertidos, aplaudió ayer el auto de la Audiencia Nacional. La mesa reclamó ayer la retirada de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida a la empresa.

En un comunicado, la asociación apuntó que a partir del auto las autoridades deben "instar al comienzo inmediato de un proceso para la regeneración completa de las marismas del Tinto afectadas en su superficie por vertidos ilegales durante décadas de la empresa Fertiberia". Para la Mesa de la Ría, la regeneración y restauración de los humedales de las marismas del Tinto constituiría un proyecto pionero a nivel mundial que podría servir para "proyectar un modelo de recuperación de humedales que publicite la verdadera apuesta por la sostenibilidad del área metropolitana de Huelva".

Por otra parte, en referencia a la autorización ambiental, la asociación informó de que, como respuesta a una queja suya, el Defensor del Pueblo Español ha elaborado un informe en el que se considera "un auténtico despropósito su concesión por las autoridades andaluzas". El Defensor considera que la dilación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en enviar el informe negativo a la concesión de la AAI, recibido por las autoridades andaluzas el mismo día de su concesión, "no justifica" que se diera el permiso a la empresa.