El Defensor del Pueblo pide que se revise la autorización de Las Cruces

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz no está de acuerdo con la forma en que la Administración autonómica ha tramitado la autorización para que vuelva a operar la mina Cobre Las Cruces, ubicada en los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras. La explotación fue paralizada tras perforar sin permiso varios pozos en el acuífero Niebla-Posadas.

En su resolución, la oficina de José Chamizo realiza varios recordatorios y recomendaciones a la Consejería de Medio Ambiente y a la Agencia Andaluza del Agua, que en julio dieron el definitivo visto bueno para que la mina volviera a abrir. El pronunciamiento del Defensor del Pueblo sobre este asunto llega después de una queja interpuesta por Ecologistas en Acción.

La empresa tendría que disponer de una autorización para los vertidos

Respecto al nuevo plan global de gestión de aguas, que la compañía tuvo que volver a realizar tras su paralización y que fue aprobado en una resolución de 16 de julio, se pide a la Agencia Andaluza del Agua que lo revise "de oficio". El Defensor también considera que sería necesario que la empresa obtuviera una "autorización de vertido para la implementación del sistema de drenaje-reinyección proyectado, en el supuesto en que éste finalmente fuese considerado ambientalmente viable".

Ecologistas en Acción sostiene que la mina necesitaría una autorización para el vertido al acuífero. Sin embargo, la Agencia Andaluza del Agua consideró que no era preceptivo ya que no se trataba de "productos residuales susceptibles de contaminar" el dominio público hidráulico, ya que el agua era tratada previamente. Pero la oficina de Chamizo recuerda que la Ley de Aguas considera "vertidos" todos los que se realizan, independientemente de que puedan calificarse de residuales o no. Según el Defensor del Pueblo, si se utilizara el razonamiento que la Junta de Andalucía emplea en el caso de Las Cruces "ello llevaría consigo, por ejemplo, que los municipios no tuviesen que obtener una autorización de vertido para las aguas residuales, por cuanto las mismas deben pasar previamente por una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales)", algo que sería contrario a la legislación vigente.

El equipo de José Chamizo también insta a la Consejería de Medio Ambiente a que someta "el proyecto de modificación del sistema de drenaje-reinyección a un nuevo procedimiento de prevención ambiental". En la resolución se detalla que el nuevo proyecto elaborado por Cobre Las Cruces "supone un incremento sumamente considerable de los vertidos inicialmente previstos". En el primer plan "no eran necesarias las depuradoras", pero, tras la modificación del proyecto, "resultan imprescindibles para evitar la inyección de aguas contaminadas".

Además, según el Defensor, el nuevo plan implica, al final, "un incremento en la utilización de los recursos naturales", por lo que sería necesario que la modificación del proyecto se sometiera otra vez a un procedimiento de impacto ambiental.

La oficina de Chamizo concede a la Consejería de Medio Ambiente y a la Agencia Andaluza del Agua un mes de plazo para contestar a la resolución. La Administración debe aceptar las recomendaciones y recordatorios o explicar las razones por las que no admite y aplica estas indicaciones.

Esta explotación minera estuvo paralizada un año. El plan global fue aprobado en julio, pero la Junta de Andalucía otorgó una "autorización condicionada" a la empresa para que se realizaran algunos trabajos, algo que ocurrió días después de que la compañía anunciara el despido de 500 trabajadores.