El drama del pequeño Sergio

Sergio Cifuentes Romanillos tiene seis años y debe convivir con una discapacidad múltiple por hidrocefalia, mielomeningocele medular lumbosacro y limitaciones en ambos miembros inferiores, según un dictamen médico facultativo de octubre de 2008 que le otorgó una minusvalía del 69%. Nació con espina bífida y ya ha pasado por tres operaciones para mejorar sus condiciones motrices, otra para instalarle una válvula en la cabeza y una quinta en ambos pies.

El 27 de junio de 2007 solicitó el reconocimiento de la situación de dependencia en la Consejería de Bienestar Social, que le fue denegado. José, el padre de Sergio, dice que la evaluadora que los visitó el 4 de septiembre de 2008 (más de un año después de pedir la ayuda) "se sentó en una silla y ni lo miró", limitándose a rellenar el formulario que dio pie a esa primera resolución desestimatoria, recurrida con la ayuda de los servicios sociales de La Vila Joiosa, donde residen.

"La evaluadora se sentó y ni lo miró", asevera el padre del niño

El 28 de abril de 2009 llegó al domicilio familiar la carta firmada por Joaquín Martínez Gómez, secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, reconociendo que Sergio se encuentra en el grado 1 y nivel 1, el más bajo, y con carácter temporal hasta el 30 de diciembre de 2018. Esa baremación le cierra el paso a cualquier ayuda económica.

Sergio va en silla de ruedas, todavía usa pañales y necesita ayuda para casi todas las necesidades básicas. Su madre, Antonia, vive pendiente de llevarlo al colegio, al hospital La Fe -donde nació, ha sido operado y le hacen todas las revisiones-, al baño, de procurar que use todos los aparatos con los que hace ejercicio y rehabilitación en casa, y de curarle las heridas del separador de pies con el que duerme.

La familia ha vuelto a recurrir e incluso envió el 15 de octubre pasado un escrito de queja al Síndic de Greuges, así que dos años y medio después de pedir ayuda, todavía no han recibido ni un euro, a pesar de que la Comunidad Valenciana ha ingresado este año 36 millones del Fondo Especial del Estado sólo para acelerar el desarrollo de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Sí que les llega cada seis meses una aportación de 500 euros de la Seguridad Social, aunque luego tienen que adelantar el pago de las botas especiales que usa Sergio, de la férula, el andador o la silla de ruedas, dinero que reciben de la sanidad valenciana medio año después.

Otro problema a sortear es la maraña burocrática en la que tienen que manejarse. Sólo para conseguir los pañales especiales que usa el niño por un problema alérgico necesitan un informe pediátrico, otro de la inspección médica o adjuntar la declaración de renta. Y los consiguen tres meses después.

La situación económica familiar es dramática. José y Antonia tuvieron que vender la casa donde vivían en un cuarto piso sin ascensor cuando Sergio cumplió un año. Del cambio de domicilio han podido ir tirando, porque José ha estado dos años sin trabajo. Con un contrato de cuatro meses para una obra del Plan E de La Vila, la ayuda de la familia, de Cáritas y particulares han salido adelante. Hasta se han tenido que acoger a una prórroga de dos años en el pago de la amortización de la hipoteca de la planta baja donde viven. Aún así, ni pueden pagar los intereses ni los 400 euros que cuesta una nueva silla de ruedas para Sergio.

José tramita ahora la ayuda de 421 euros mensuales del Ministerio de Trabajo por ser mayor de 52 años, a la espera de que el Plan E le resuelva unos meses más la situación.