Imputados

El Gobierno ha puesto en marcha diversos cambios con la intención de reducir la alta litigiosidad que se da en nuestro país. Ha creado una tasa o depósito previo de entre 25 y 50 euros para impugnar resoluciones emanadas por los tribunales. Se entiende que, de esta forma, se sitúa un mínimo filtro que ayudaría a descongestionar nuestros juzgados. Sin embargo, profesionales y juristas en general ponen en duda que esta medida sea realmente eficaz. Sobre todo, si se tiene en cuenta la propensión de algunos a acudir a los tribunales para dirimir cuestiones que bien podrían resolverse en otros ámbitos. En el peor de los casos, otros, más que buscar la aplicación de la justicia sobre hechos presuntamente ilegales, lo que persiguen es un sustancioso titular periodístico con el que obtener determinado rendimiento político.

Y, desgraciadamente, de situaciones de este tipo se alimenta cada día más la actualidad en general. Lo más llamativo es lo sucedido al alcalde de Estepona (Málaga) David Valadez, en el centro de la polémica ahora después de que una juez le imputara por varios delitos al consentir, supuestamente, la construcción de una vivienda ilegal a su jefe de gabinete. Todo, a raíz de una denuncia presentada por un concejal ex gilista. Y que la Justicia parece que es ciega lo demuestra el hecho de que la magistrada ni siquiera hizo la más mínima indagación. Empapeló al edil sin tener en cuenta siquiera que ya, mucho antes de que hubiera denuncia alguna, había dado las instrucciones correspondientes para sancionar y restablecer la ley. A pesar de ello, el PP ha sido contundente en esa irresponsable estrategia de acecho y asfixia que ha establecido entorno a esta alcaldía para lo que se alían hasta con imputados, esta vez sí, por presuntos delitos de corrupción pura y dura.

Una clara utilización de la Justicia con fines inconfesables sin importar el crédito de las personas involucradas y, ni siquiera, de la propia institución a la que acuden. Desgraciadamente, no es el único. Ahí esta el secretario provincial del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, senador, quien ha estado envuelto una rocambolesca actuación judicial. Fue imputado tras una denuncia de los populares aunque, más tarde, la juez de turno le retiraba tal condición. Reconocía en un auto posterior que no existían indicios en este sentido. Incluso, no se había reparado, además, en su condición de senador. Daba igual tan escandalosa rectificación puesto que la máquina de triturar ya estaba en marcha. Está claro que la propensión de algunos a los tribunales no hay tasa alguna que la frene, cueste lo que cueste, y no sólo la fama de los denunciados, precisamente, sino, también, la de los propios jueces que se ven atrapados por tan nefasto juego. Tiempo al tiempo.