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Tribuna:La firma invitada | Laboratorio de ideas
Tribuna
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La empresa y la construcción de la sociedad

Ante las diferentes voces que recomiendan o reclaman un cambio del modelo económico en nuestro país y de las relaciones empresariales con otros sectores, me gustaría aportar unas reflexiones sobre el siempre inestable equilibrio entre los espacios que conforman la sociedad: el Estado, la empresa y el tercer sector o sector social.

Creo que en España, a diferencia de los países anglosajones, la sociedad civil no está suficientemente articulada y, por tanto, surge el temor a un excesivo protagonismo del Estado que se ve acrecentado, más en estos días, por la crisis económica. En torno al tercer sector se aglutina un conjunto heterogéneo de instituciones, si bien las que le dan más personalidad en el imaginario colectivo son las denominadas ONG, aunque a veces indebidamente se olvida el importante papel que juegan otras instituciones que conforman el mundo cultural, académico y universitario.

A diferencia de los países anglosajones, la sociedad civil española no está suficientemente articulada
La interacción social aumenta la reputación de la empresa como un intangible de gran valor

El nacimiento de la Sociedad Civil se produjo en Gran Bretaña y Holanda en el siglo XVII, cuando el poder monárquico se vio obligado a hacer una serie de concesiones para que sus ciudadanos pudieran estar menos inermes ante las arbitrariedades de la monarquía. En el siglo XIX, Alexis de Tocqueville, en su análisis de la democracia americana, expresó su admiración por la madurez y dinamismo de su sociedad civil, que mantenía el equilibrio del individuo frente al poder establecido. Unas décadas antes, la Revolución Francesa había encumbrado el poder de los ciudadanos frente al poder establecido, que en ese momento estaba representado por la monarquía y la nobleza.

Del estudio de esta época se constata cómo la dualidad inicial Estado-sociedad civil, propia del siglo XVIII, fue evolucionando hacia la situación tripartita actual, en la que la empresa se muestra como una fuerza activa en el desarrollo social. En los países en que el sistema capitalista prendió con fuerza, el aumento del poder económico de las empresas produjo un debilitamiento relativo del Estado, como es el caso de EE UU. En otras naciones, sobre todo las de corte latino como España, el peso del Estado ha dejado menor espacio para que los ciudadanos creen e impulsen instituciones privadas que vertebren, con el paso del tiempo, una fuerte sociedad civil.

En 1929, Ortega y Gasset hablaba de un "hombre-masa", que tenderá siempre a exigir que cualquier necesidad la asuma inmediatamente el Estado y que el Estado se encargue directamente de resolver sus problemas con sus gigantescos e incontrolables medios. Haciendo un paralelismo argumental con el concepto de Ortega, también podemos trasladar la expresión del filósofo a la de la empresa-masa, la que tiene un único criterio de actuación: el perseguir el máximo beneficio prescindiendo de otras consideraciones exteriores como pueden ser lo público o lo solidario. Para la empresa-masa, todo lo que trasciende al beneficio empresarial sería competencia del Estado, no suya. Luchar contra esta visión empresarial no es tarea fácil. La única forma de hacerlo es a través de la persuasión.

Es, pues, de suma importancia buscar y encontrar una argumentación que sirva no sólo para justificar sino, más aún, para impulsar la actuación de las empresas en los terrenos imprecisos de la sociedad civil. Si no la encontramos, las inversiones de las empresas serán siempre esporádicas y efímeras. O dicho de otra forma, la línea que separa la empresa de la sociedad civil será siempre de trazo grueso. En este orden de ideas ha sido, y es muy útil, la generalización del término responsabilidad social corporativa para describir toda la actuación de las empresas relacionadas con la sociedad, más allá de sus esquemas puramente economicistas.

Milton Friedman consideraba muy encomiable que el individuo, con su sueldo o con los dividendos que le daba la empresa, acometiera obras de filantropía, pero no aceptaba que el directivo, con el dinero de la empresa, actuara de una manera filantrópica básicamente por dos razones: porque no era ése el comportamiento esperado por los propietarios que le habían contratado y porque sus decisiones sobre la iniciativa social en la que invertir los recursos de la empresa probablemente no se basaran en un conocimiento profundo de lo que más necesitaba la sociedad, sino que reflejaba más bien sus gustos o sus preocupaciones personales. Sin embargo, en este mismo ambiente liberal americano otro prestigioso profesor, Michael Porter, ha defendido que es perfectamente compatible ocuparse del bien general y conseguir mejores resultados económicos para la empresa que lo acomete.

Las razones de esta perfecta simbiosis descansan en dos factores: primero, y desde el punto de vista interno de la empresa, el actuar voluntariamente con la sociedad civil se refleja en una mayor eficacia en la atracción, motivación y retención de los mejores empleados y en un aumento de la productividad por una menor rotación de empleados gracias a un buen clima laboral. Y segundo, esta interacción con la sociedad aumenta, desde el punto de vista externo, la reputación corporativa como un intangible de gran valor para la empresa.

Pero la reputación corporativa no se construye simplemente desarrollando actuaciones de orden social. Existe una condición indispensable para que se produzca este efecto positivo: la sociedad tiene que percibir el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo.

Todos hemos sido educados bajo el principio de que las buenas obras se debían hacer pero no se debían propagar. Shakespeare escribió que "el brillo de los méritos se empaña cuando es uno mismo el que los proclama", y nuestro Cervantes también afirmaba que "la alabanza propia envilece".

Nadie, pues, duda de que en el ámbito privado la discreción debe ser el principio orientador de nuestra conducta pero, cuando pasamos al ámbito empresarial, la comunicación de todas las acciones que la empresa desarrolla con la sociedad en general debe elevarse a la máxima prioridad dentro de la estrategia corporativa. Resulta, por tanto, recomendable que la responsabilidad social corporativa esté integrada dentro de la propia estrategia de la empresa, dependiendo directamente del máximo ejecutivo de la entidad, y que no sea una operación cosmética puntual que desaparezca a la mínima dificultad económica.

No obstante, no podemos dejar que sea sólo la empresa la que avance hacia la sociedad civil. También hace falta que las instituciones que forman parte de ésta, ya sean ONG o las que componen el mundo universitario, académico y cultural, se acerquen a la otra orilla y se abran de forma natural y franca a las empresas y a los ciudadanos. La transparencia de los órganos de gobierno y de las actividades que desarrollan todas estas instituciones sociales debe ser el motor de arranque de cualquier movimiento de apertura hacia las empresas y los ciudadanos en general. Iniciativas como la emprendida hace ya ocho años por la Fundación Lealtad, en cuya constitución e impulso he participado activamente, tendente a promocionar la transparencia de las ONG españolas, son actuaciones que contribuirán sin duda a ordenar y organizar el tercer sector.

Quedan, sin embargo, muchas cosas que hacer, como por ejemplo, la creación de un registro estatal de fundaciones integrado, cuya falta obliga a las empresas a desarrollar actividades casi detectivescas para conocer la información, escasa y anticuada, que se ofrece a través de los registros de las distintas consejerías de las 17 comunidades autónomas. Y sobran, sin embargo, actuaciones invasivas del Estado, como, por ejemplo, que los ciudadanos tengamos escasas desgravaciones fiscales por las donaciones a instituciones sociales con la excusa de que, poniendo una cruz en nuestra declaración de la renta, será el Estado el que, después, done a las ONG el 0,7% de la suma recaudada. ¿Es qué los ciudadanos no somos lo suficientemente maduros como para saber a qué ONG dar y a cuáles no? ¿Tiene que ser el Estado el que distribuya, una vez más, los fondos según sus criterios?

Esperemos que, en un futuro próximo, el Estado ejerza las competencias que son de su exclusivo ámbito de actuación y no quiera compensar su injustificable inacción en estas materias con intromisiones en la esfera de actuación propia del sector privado. Para ello, es imprescindible que los ciudadanos y las instituciones sociales confluyan en ese nuevo ámbito compartido de responsabilidades que es la sociedad civil. Sólo así podemos limitar las aspiraciones de omnipresencia del Estado y sólo de esta forma seremos capaces de enterrar al "hombre-masa" y de conseguir que la persona libre se desarrolle como tal a través de la sociedad civil. -

Ignacio Garralda es presidente de Mutua Madrileña.

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